El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) notificó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que denegó las once visas de cortesía a los funcionarios que estaban pendientes de resolver. Además, revocó las visas de cortesía de tres investigadores a quienes ya se les había concedido.
Entre los investigadores a quienes se le denegó y revocó se encuentran: Luis Fernando Orozco, César Rincón, Vicenzo Caruso, María Martín, Yilen Osorio. Ellos participaron en las investigaciones de los casos de financiamiento electoral ilícito del presidente Jimmy Morales, el caso contra Felipe Alejos. También figuran el investigador que estuvo en el operativo de captura de Blanca Stalling y el que investigó el caso La Línea y Cooptación del Estado.
Matías Ponce, portavoz de la CICIG, declaró al respecto que “lamenta esta decisión y estudiarán las acciones a seguir” agregó que “el trabajo de la Comisión sigue adelante en función del acuerdo vigente entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”.
¿Quién firma las denegatorias?
Las notificaciones de la Cancillería no explican las causas de la denegatoria y revocación y en tono de advertencia se lee en el segundo párrafo que “El Ministerio de Relaciones Exteriores (…) de lo anterior será informado a la autoridad competente para los efectos que corresponda”.
La nota no explica cuáles serían los efectos de informar “a la autoridad competente”, pero se cree que Migración podría restringir la movilidad y permanencia de los investigadores.
La CICIG recibió dos cartas en las cuales se informa de la denegatoria de visas de cortesía a los catorce funcionarios; el documento no tiene el nombre de quien firma, solo aparece un sello en el cual se lee Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático y una pequeña firma.
Los catorce investigadores y abogados
Las tres visas revocadas son las de Marcelo Umpierrez, Joan Jiménez y Vicenzo Caruso.
Marcelo Umpierrez y Joan Jiménez son investigadores uruguayos. Vicenzo Caruso es un investigador italiano y es la persona que realizó todo el análisis financiero de la ruta del dinero que siguieron los aportes al partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, Frente de Convergencica Nacional (FCN).
La Cancillería ya le había otorgado la visa de cortesía a Caruso el pasado 18 de agosto, pero se la revocan días después de haber asistido al Congreso y explicar ante la Comisión Pesquisidora del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, el análisis financiero que realizó la CICIG para ubicar los aportes para la campaña presidencial.
Las solicitudes de visa que no se otorgaron son para once funcionarios: Fernando Dos Santos Oliveria, Luis Fernando Orozco Álvarez, Horacio Roberto Piccardo Candia, César Augusto Rincón Sabogal, Fernando Robles Reyes, Roque Marcelo Véliz López, Giulia Nikté Caruso Duarte, Yilen Osorio Zuluaga, María Martín Quintana y Marcela López Martín.
La Cancilllería informó que devuelve los pasaportes debido a que “las visas solicitadas no serán emitidas”.
¿En qué casos han estado?
Luis Fernando Orozco es investigador y litiga en Tribunales el caso La Línea y Cooptación del Estado. Recientemente asistió al Congreso a ratificar ante la Comisión Pesquisidora el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.
Orozco ha permanecido en el país desde que inició el mandato la CICIG y ha pasado por el trámite de la visa de cortesía desde entonces, pero es hasta ahora cuando se le deniega.
César Rincón es el mandatario de la CICIG de nacionalidad colombiana, que está a cargo de los casos donde se juzga al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, expediente conocido como Botín en el Registro de la Propiedad. También estuvo al frente del caso IGSS-Pisa.
Yilen Osorio es una investigadora colombiana, quien ha realizado el análisis financiero en el caso “Traficantes de Influencias”, en el cual se presentó el antejuicio en contra del diputado Felipe Alejos. Este antejuicio no ha sido ratificado, debido a que el congresista ha presentado una serie de recursos legales que han frenado el curso del mismo.
También figuran dos investigadores destacados en Quetzaltenango y que están al frente de las investigaciones que recién se han desvelado y que descubrieron la corrupción en la administración del exalcalde Jorge Rolando “Mito” Barrientos.
Y el otro caso es el de Roque Veliz, el investigador uruguayo que participó en el operativo de captura de Blanca Stalling.
Análisis
El analista Oswaldo Samayoa opinó que “el personal de CICIG está en una misión especial y que eso no lo sujeta al común de los trámites ordinarios de pedir permiso y desempeñarse en el país. No han tenido necesidad de hacer estos trámites pero lo han hecho para no tener inconveniente”.
También explicó que con la vigencia del Código de Migración a partir de 2017, el personal no necesitan visas laborales. “Lo que necesitan es un documento de la CICIG en el cual haga constar que hay un contrato vigente para cumplir la misión por la cual el Estado se comprometió a respetar el convenio con CICIG”.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells también opinó respecto de la decisión de Cancillería, indicando que el mensaje que está dando el Gobierno es de “desarticular la fuerza de CICIG y cualquier capacidad de investigación que se tenga. Es clarísimo que el Gobierno le está haciendo la corte al crimen”, expresó el experto.
