Los diputados podrían aprobar el Presupuesto 2025 este martes, pero empresarios consideran que eso tendría efectos negativos para el país.
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El Presupuesto General de la Nación que se pretende aprobar para el próximo año está desfinanciado y ocasionaría la "pérdida de la reconocida estabilidad macroeconómica del país", opina la Cámara de Industria de Guatemala.
Ante al inminente aval del plan de gastos que regiría en 2025, la entidad hizo un llamado al Congreso para que reconsidere el tema.
"Vemos con gran preocupación la propuesta de presupuesto que se discute en el Congreso de la República, ya que presenta un incremento de más del 28% en comparación con el año anterior y no refleja las necesidades del país en materia de inversión", se lee en un comunicado difundido en las redes sociales.
Ahí también se menciona un "alarmante" déficit fiscal que se presenta en la iniciativa, lo cual, a su criterio, tendría consecuencias críticas para el país en el mediano y largo plazo.
Entre los efectos que la Cámara prevé, de aprobarse el techo que se pide para el Gobierno, destacan:
- deterioro de la posición de Guatemala a nivel macroeconómico
- mayor inflación
- incrementando los costos de la canasta básica
- menor inversión extranjera
El ente empresarial se refiere en su comunicado especialmente a la colocación de Q25,000 millones en bonos del Tesoro para gastos de funcionamiento, lo cual considera "inadmisible", ya que no estarían "atados a una gestión con resultados".
"Hacemos un llamado a los diputados del Congreso de la República a realizar una evaluación exhaustiva del proyecto de presupuesto para el 2025 y velar porque el mismo sea prudente y responsable", reza el documento.
Según lo programado, el tema avanzaría este martes 26 de noviembre en primera lectura; sin embargo, existe la posibilidad de que se busque su aval de urgencia nacional.
Así es la propuesta de presupuesto
El pasado 20 de noviembre, la Comisión de Finanzas dio el dictamen favorable a la propuesta de presupuesto que regiría durante el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo, el cual ha sido calificado por tanques de pensamiento como el cuarto con mayor incremento en las últimas dos décadas.
El techo de gastos sugerido supera los Q148,526 millones, con posibilidad de subir a más de Q152,000 millones, al otorgar un "ticket" para una ampliación de Q3,500 millones mediante un acuerdo gubernativo.
Tales fondos se buscan financiar en su mayor parte con la recaudación de impuestos, cuya meta se fijaría en Q109,302.5 millones.
Además, se contemplan Q25,104.1 millones en colocación de bonos del Tesoro y Q2,406.2 millones en préstamos con Gobiernos y entidades bancarias extranjeras.
Uno de los aspectos criticados por distintos sectores es que se busque usar dinero procedente de bonos para cubrir gastos de funcionamiento del Estado, lo cual se considera una medida que contraviene la legislación vigente.
