La SAT lanzó una alerta tipo ultimátum a contadores, auditores y contribuyentes que busquen evadir el pago de impuestos.
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Marco Livio Díaz, titular de las Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lanzó un ultimátum para frenar la evasión y defraudación fiscal y amenazó con judicializar a quienes no acepten "la cortesía" de las auditorías.
Los contribuyentes que no puedan ser localizados por la SAT, que coloquen un amparo ante cualquier notificación de auditoría o una denuncia de haber perdido la contabilidad, "los vamos a catalogar como posibles defraudadores y vamos a iniciar acciones penales en su contra", aseguró.
Según el superintendente, las auditorías se han convertido en una "cortesía de la SAT" para que los involucrados demuestren que tienen los documentos y que las conclusiones de los fiscalizadores están equivocadas. "Si se niegan a aceptar esta cortesía, los vamos a judicializar", sentenció.
Para finalizar, lanzó un recordatorio a quienes describió como sus "estimados colegas contadores públicos, auditores y oficinas de contabilidad" para que abandonen la práctica de poner en contacto a sus clientes para que se produzca la aparente venta de facturas.
"Esas prácticas deben de acabarse, todos estamos obligados a pagar nuestros impuestos", aseveró y sentenció: "podemos observar ahora cómo interactúan todos los clientes de una oficina, de abogados, contadores públicos y auditores en tiempo real".
Las declaraciones fueron vertidas tras la revelación del Caso Eureka, en el cual se evidenció tras una investigación que un contribuyente protagonizó la defraudación consistente en más de Q6.9 millones.
Dicho sujeto, del cual la SAT no quiso revelar la identidad, recibió adjudicaciones del Estado por Q133.5 millones de 2021 al presente año, pero la mayoría (54%) fueron en 2022. Esto pese a contar con domicilios fiscales y comerciales no localizados en San Benito, Flores y Santa Elena (municipios de Petén) y en la zona 12 de la capital, Residenciales Eureka.
Para ubicar al contribuyente, la SAT debió recurrir a suspender su afiliación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en reacción, el sujeto procedió a reportar un domicilio en la colonia en mención; sin embargo, al llegar, la SAT observó escaso mobiliario y no había señas de ser una oficina formal.
Tras ser localizado, el proveedor alegó que le fueron hurtados sus documentos y solicitó a la SAT tres meses para rearmar la contabilidad, situación que la SAT ya no tolerará y los casos serán judicializados.
