Una revisión en Guatecompras basada en datos proporcionados por la SAT muestra cuál es la empresa acusada de defraudar al Estado por Q6.9 millones.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció este martes a un contribuyente proveedor del Estado que habría defraudado Q6.9 millones en concepto de impuestos, esto en el caso denominado Eureka.
Pese a que el superintendente Marco Livio Díaz evitó revelar en la conferencia de prensa el nombre del contribuyente, dio a conocer que es un ingeniero de la construcción, de 35 años, que se registró en el rango de otras actividades profesionales, científicas y técnicas sin clasificar en otra parte.
También adelantó que posee cuatro establecimientos y que entre 2021 y 2024 ha recibido Q133.5 millones del Estado, siendo 2022 el año con más concursos ganados (el 54%), los que se traducen en Q72.3 millones (Q72,392,900).
Este es el desglose de las adjudicaciones formuladas al proveedor los últimos cuatro años que dio a conocer la SAT:
En la conferencia, la SAT también dio a conocer los nombres de los proyectos adjudicados con sus respectivos montos. Por ejemplo, en 2022 se otorgaron Q32.6 millones para el "Mejoramiento Instituto Básico de Educación -INEB- María Josefa Rosado Lara, 5.ª calle 5-251 Calzada 15 de septiembre zona 1 Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla".
Al constatar en Guatecompras, el evento fue adjudicado a Douglas Alexis Espinales Baños:
El segundo caso es por la contratación de servicios de supervisión técnica, administrativa y ambiental del proyecto: construcción hospital de San Benito, Petén, por Q15.2 millones adjudicados al mismo oferente:
Este proveedor ha recibido tres contratos del Estado en 2024. De estos, dos son de las municipalidades de La Libertad, Petén, y la de La Reforma, San Marcos, así como uno del Ministerio de Salud Pública consistente en Q89,300.
Este último fue para el estudio de suelos, levantamiento topográfico, corte y nivelación del predio asignado para construcción del Banco de Leche del Hospital Roosevelt.
Según la SAT, el contribuyente no tienen datos de procesos anteriores a 2021, porque el proveedor no ha dado acceso a la contabilidad.
También incurrió en no proporcionar dirección exacta de sus oficinas y se procedió a suspender la afiliación que tenía al Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que motivó al sujeto a acercarse a las instalaciones de la SAT para solicitar la reactivación.
Fue así como obtuvieron un domicilio fiscal real, aunque este correspondía a un inmueble sin rastros de actividad comercial o administrativa ubicado en el Residencial Eureka, zona 21.
Díaz aseguró que interpusieron la denuncia contra el proveedor ayer y se tiene previsto enviar mañana al Ejecutivo los nuevos proveedores que están en investigación.
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