El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) criticó este martes 11 de agosto que varias municipalidades impongan sus propias restricciones de movilidad para impedir la propagación del Covid-19.
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A criterio de este grupo de empresarios, las restricciones dispuestas por autoridades locales "van más allá de las establecidas por el Organismo Ejecutivo" y atentan contra los derechos de libertad de acción, libre locomoción, libertad de industria, comercio y trabajo.
Pronunciamiento del Sector Empresarial Organizado, acerca de evidentes violaciones a derechos constitucionales: pic.twitter.com/C2FSqfuw55
— CACIF Noticias (@CACIFnoticias) August 11, 2020
"Si bien se respeta la autonomía municipal, la Constitución Política, bajo ningún precepto, otorga facultad ni a los concejos municipales, ni a los jueces de asuntos municipales, ni consejos de desarrollo para limitar los derechos de la población", señala el Cacif en un comunicado.
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"Toda disposición de estas autoridades que tienda a restringir esos principios, es arbitraria y constituye un abuso en el ejercicio del poder público", señala esta organización de empresarios.
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La Ley de Orden Público, que regula los estados de calamidad, no faculta a las autoridades locales para que ordenen el cierre de un municipio, aunque la legislación sí les permite, por ejemplo, autorizar un aumento aumento en el costo del pasaje en los buses de su localidad.
El Cacif advierte que los funcionarios locales que tomen decisiones fuera de su mandato legal serán denunciados ante el Ministerio Público.
