Antes de terminar su período, un exdiputado presentó una iniciativa para reducir la contaminación en la ciudad.
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Que todos los camiones de carga pesada y liviana, así como buses de pasajeros, cuenten con un sistema que les permita disminuir la emisión de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero es el propósito de una de las primeras iniciativas de ley que se presentó este año en el Congreso de la República.
La propuesta es que esta normativa entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2025, de tal manera que, si se convirtiera en ley en el primer trimestre de este año, los empresarios del sector tendrían unos meses para hacer los cambios necesarios en sus flotillas.
El ponente del proyecto de ley es Rodolfo Neutze, quien lo presentó el pasado 12 de enero, dos días antes de entregar el cargo como diputado.
En la exposición de motivos, se lee que Guatemala es actualmente una de las ciudades más contaminadas de América y que al contar con una norma como la sugerida se reducirían los gases nocivos hasta en un 75 %.
Cuantiosa multa
Si la iniciativa fuera aprobada por los diputados, los dueños de camiones y buses que no cumplieran con la modificación de las unidades para evitar que contaminen tendrían que cancelar una multa equivalente al 50 % del valor del automotor.
Además, quedaría en responsabilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) velar porque los vehículos importados cumplan también con la normativa. Entretanto, el Ministerio de Ambiente tendría que verificar el estado de las emisiones producidas por eso transportes y emitir cada dos años el certificado correspondiente.
En caso de que sean las autoridades quienes incumplieran la responsabilidad que les asignase la ley, podrían purgar penas de entre 1 y 3 años de prisión.
Cambio de combustible
Por otra parte, la propuesta establece que desde el 1 de enero de 2025 los importadores de combustibles tendrían que poner a disposición de los usuarios un tipo de diésel con ultra bajo contenido de azufre.
La sanción para cada gasolinera que no cumpliera con ello alcanzaría hasta los Q50 mil. El Ministerio de Energía y Minas estaría a cargo de ese aspecto y también estaría facultado para cerrar el negocio por un lapso de 30 días, si el infractor no cancela la multa en un período de ocho días.
En manos del Congreso
Para que la propuesta se convierta en ley debe ser aprobada por el pleno del Congreso, pero antes debe ser analizada por la respectiva comisión de trabajo, la cual emitirá un dictamen sobre su viabilidad. Se trata de un proceso que puede durar meses o, incluso, años.
