El informe del Indice de Derechos de Propiedad (PI) 2022 contempla cinco variables como aspectos económicos, sociales, Institucionales, ecológicos y entorno emergente, donde Guatemala calificó entre los peores, especialmente en justicia.
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El informe coloca a Guatemala en la posición 103 de 129 países evaluados con un punteo de 4/10. Esto revela un deterioro respecto al 2021, ya que Guatemala estaba en la posición 95.
El estudio reconoce que Guatemala posee varias herramientas legales que protegen los derechos, sin embargo, cuestiona la debilidad del sistema de justicia.
El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) es una publicación insignia de Property Rights Alliance (PRA), con sede en Washington, D.C., y se dedicada a la promoción de los derechos de propiedad.
Desde 2007 presenta la edición anual del IPRI, que ha servido como barómetro del estado de los derechos de propiedad, clasificando la solidez de la protección de los derechos de propiedad física e intelectual en países de todo el mundo.
Según PRA, los derechos de propiedad son derechos humanos y han demostrado su capacidad para nutrir el crecimiento económico y el desarrollo social, promover la prosperidad y la innovación, y han demostrado ser el mecanismo más eficaz para garantizar derechos y libertades civiles. "Los derechos de propiedad privada protegen la libertad individual", sostiene el estudio.
El IPRI se construye a partir de factores, agrupados en tres componentes: Legal y Político, Derechos de Propiedad Física y Derechos de Propiedad Intelectual. La escala de calificación general del IPRI refiere 10 como el valor más alto para un sistema de derechos de propiedad y 0 es el valor más bajo.
Guatemala débil en Justicia
En el caso particular de Guatemala, el Observatorio de Derechos de Propiedad del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó un informe a solicitud de PRA. El documento fue elaborado por los miembros del equipo coordinador del Observatorio, María Andrea Cáceres y José Fernando Orellana Wer.
El Observatorio puntualiza que el Ministerio Público reportó 20,596 denuncias penales por delitos relacionados con invasiones de propiedades. Esto representa un promedio anual de 4,119 denuncias penales en esta materia. Dicho promedio se ha mantenido en estos rangos durante más de una década.
Así mismo, los autores evidencian que en Guatemala han proliferado estructuras criminales dedicadas a realizar actividades de robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro de la Propiedad.
En estas estructuras operan notarios o imitadores que se hacen pasar por notarios ya fallecidos, quienes autorizan contratos fraudulentos y tramitan las inscripciones anómalas ante el Registro de la Propiedad, incurriendo en los delitos de falsedad ideológica y material.
También explica que el sistema catastral igualmente enfrenta retos, ya que han pasado 17 años desde la creación del Registro de Información Catastral y de los 340 municipios del país, solo el 4.1% ha completado el proceso catastral. Se señaló que a este ritmo, se necesitarían 280 años para completar el proceso catastral.
En general, el estudio destaca que en Guatemala, la normativa vigente garantiza el derecho humano a la propiedad. De manera integral, el ordenamiento jurídico guatemalteco busca proteger este derecho desde una perspectiva constitucional, civil, penal, administrativa y tributaria.
Sin embargo, señala que a pesar de la vasta legislación existente en la materia, el sistema de justicia es una de las mayores debilidades en la protección de este derecho. La eficiencia general del sistema de justicia penal en 2020 fue del 24.9%, puntualiza el informe. Esto significa que de cada 100 casos en el sistema, solo 25 fueron resueltos. Detalla que según la ley guatemalteca, el proceso penal debe durar de 251 a 341 días; actualmente, puede durar un promedio de 817 días.
Las invasiones de tierras se han convertido en un delito común. En los últimos 5 años se han reportado 14,840 invasiones de terrenos a nivel nacional. En promedio, solo el 28% de los casos de violaciones de derechos de propiedad se resuelven. Las razones detrás de la falta de eficiencia en las entidades del sistema de justicia son múltiples".
Parte de la deficiencia, según el informe se debe a la falta de infraestructura institucional y al déficit presupuestario. No obstante, resalta que el tema de la falta de eficiencia está intrínsecamente relacionado con las estructuras del crimen organizado que operan en el país y que se aprovechan de la desprotección del derecho humano a la propiedad, como se detalló anteriormente.
Puntualiza que entre estas estructuras se encuentran los contrabandistas, narcotraficantes e individuos que se aprovechan de la ignorancia de algunas personas vendiendo terrenos que son propiedad de terceros. En la mayoría de los casos, las violaciones a los derechos de propiedad van acompañadas de otro tipo de delitos como el secuestro, el maltrato a menores y mujeres, el asesinato y la tenencia ilegal de armas no convencionales.
Así mismo, refiere que han surgido algunos grupos que reclaman “derechos ancestrales” sobre propiedades que han sido legítimamente obtenidas por sus actuales dueños. En muchas ocasiones, tales reclamos carecen de sustento técnico, pero por distintas razones políticas, algunos tribunales han fallado a favor de tales reclamos.
Todo lo anterior ha complicado aún más la atracción de inversiones al país por el temor que existe respecto a la facilidad con que se pueden violar los derechos de propiedad en el país y la falta de garantía de los mismos.
Recomienda una política criminal en materia de usurpaciones
Con la información descrita el Observatorio elaboró un termómetro de crimen organizado en el cual los indicadores son la narcoactividad, robo de energía eléctrica e invasiones. El resultado indica que los departamentos críticos son San Marcos, Petén, Alta Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. En 7 de 22 departamentos del país coinciden al menos 2 de los 3 indicadores.
Por tal motivo, la recomendación de los autores es realizar reformas al sistema de justicia enfocadas en fortalecer las capacidades institucionales para que los procesos judiciales sean más ágiles, mitigar la corrupción y respetar la independencia judicial, así como ampliar el acceso a la justicia mediante el uso de tecnología.
Además, se sugiere priorizar el diseño e implementación de una política criminal en materia de usurpaciones, así como revisar y estandarizar los protocolos de desalojo. En el mismo sentido, se recomendó evaluar reformas legislativas para dotar a los propietarios de herramientas que permitan defender bienes de manera rápida y eficiente.
Lea el informe del Observatorio de Derechos de Propiedad sobre el caso de Guatemala aquí:
Comunicado Observatorio
