La empresa APM Terminals Quetzal informó que iniciará un caso de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala por la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Esta empresa pertenece a la filial española de Grupo Maerks.
Las intenciones fueron notificadas a la Presidencia, al Ministerio de Economía y a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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Según APM Terminals, la medida se tomó luego de que en mayo de 2016 la PGN interpuso un recurso ante la Sala Quinta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que se solicitó la nulidad del contrato de usufructo que permitió la construcción y operación de TCQ.
Esta solicitud fue avalada en diciembre del año pasado, lo que "ha colocado a APM Terminal en una situación de gran incertidumbre y riesgo", refiere un comunicado de prensa.
El director de la empresa española, Mogens Larsen, detalló que "la compañía ha dedicado bastante tiempo y esfuerzos en tratar de resolver una situación que se originó con anterioridad a nuestra adquisición de la Terminal de Puerto Quetzal, pero después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala”.
Consecuencias del arbitraje
En el documento también se advierte que un arbitraje podría tener efectos adversos para el país en el área de inversión extranjera directa, así como en las calificaciones de riesgo país.
El negocio de la Terminal ha estado minado de señalamientos desde que inició. Según investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la empresa española Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) pagó sobornos por unos 30 millones de dólares para construir y explotar el usufructo de la terminal por 25 años y constituir la empresa Terminal de Contenedores Quetzal.
La estructura encargada del negocio supuestamente fue liderada por el propio Otto Pérez y Roxana Baldetti, quienes acumulan ese caso a su historial judicial. El caso se extendió a otros sindicados y aún seis de esas personas continúan prófugas de la justicia, como Allan Marroquín, interventor de la Empresa Portuaria Quetzal y el español Ángel Pérez Maura, directivo de Grup Maritim TCB.
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