Mediante un decreto, se permitiría a las municipalidades suscribir contratos de alianzas público-privadas para el desarrollo de distintas obras.
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Tras haber logrado la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, el Congreso apostaría este año por modificar la normativa que rige el mecanismo de alianzas público-privadas (APP) para la ejecución de diversos proyectos en el país.
La Comisión de Economía otorgó el dictamen favorable a la iniciativa 6433 y con ello busca agilizar la aprobación de obras que requieran participación y financiamiento de entidades estatales y privadas, como la construcción de carreteras, puentes y hasta plantas de tratamiento, por mencionar algunas.
El tema se socializó con alcaldes de distintos municipios, quienes se vería favorecidos con las reformas sugeridas. Esto se debe a que en la ley se incluyen los procedimientos que se aplicarían en las comunas para ejecutar planes mediante APP, lo cual no se contempla hasta ahora.
Diputados de la Comisión de Economía socializan con alcaldes el dictamen que respalda las reformas a la ley de alianzas público-privadas pic.twitter.com/UkqdjJpn1d
Sin intervención del Congreso
Uno de los aspectos principales es que ya no se necesitaría la aprobación del Legislativo para gran cantidad de proyectos. En el dictamen se especifica que los únicos que tendrían que ser sometidos a votación en ese organismo serían las concesiones de servicios públicos, como agua, salud y educación.
Además, el trámite se simplificaría, ya que no se necesitarían un dictamen previo de comisión ni tres debates, como ocurre actualmente, sino que se procedería mediante un acuerdo. Así lo explicó el diputado León Barrera.
Uno de los cambios que se busca aplicar a la ley es la forma en que el @CongresoGuate aprueba la concesión de proyectos pic.twitter.com/bm8rceO9ab
Restarían burocracia
De acuerdo con el parlamentario, el propósito de cambiar la ley es agilizar los procesos y reducir la burocracia, para que las autoridades puedan suscribir los contratos que necesiten en sus respectivos territorios y así atender las demandas de la población.
En ese marco, destacó que también se tomó en cuenta a las mancomunidades y se establecieron procedimientos específicos, según sea el caso.
Con ello, el Congreso solo podría tomar decisiones respecto de convenios que atañan a dependencias del Ejecutivo, pues las municipalidades actuarían en el marco de la independencia que les brinda la Constitución.
"No es privatización"
Barrera hizo hincapié en que la intención de facilitar las alianzas público-privadas en todo el país no tiene como fin privatizar los servicios que se brinda a la población, sino más bien "llevar desarrollo", mediante un mecanismo que permite a los gobiernos locales y central contar con apoyo para ejecutar las obras.
Cabe destacar que las APP son acuerdos entre los sectores estatal y privado que tienen como objetivo desarrollar proyectos de infraestructura o brindar servicios públicos de calidad.
Según expertos, estos modelos permiten que los Gobiernos aprovechen los recursos y la experiencia de las empresas privadas para desarrollar obras que serían difíciles de financiar y gestionar solo con recursos públicos, como un hospital, autopista o hasta aeropuerto.
En ese sentido, la participación del sector privado suele implicar que este se encargue de la operación y mantenimiento del bien, por ejemplo una carretera, a cambio de una parte de los ingresos generados con su uso.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), la cual se rige por la ley que se pretende modificar, esta es la diferencia entre un proyecto ejecutado solo por el Estado y otro desarrollado mediante APP:
Más recursos
Si los cambios se aprobaran este año, la ANADIE cambiaría su nombre y se pasaría a llamar Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y sumaría más recursos a su presupuesto.
En el dictamen de la Comisión de Economía se establece un aporte adicional de Q2,550 millones para este ejercicio fiscal, distribuidos de la siguiente manera:
- Q50 millones para la operación del Fondo de Capital Privativo de la Agencia
- Q100 millones para la preinversión de proyectos e iniciativas
- Q400 millones para contingencias de los proyectos
- Q2,000 millones para garantía de proyectos
El Ministerio de Finanzas Públicas tendría que hacer las asignaciones respectivas, utilizando los recursos disponibles en los saldos de caja.
