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La reforma a la Ley de Información Pública que genera polémica

  • Por José Miguel Castañeda
17 de noviembre de 2020, 11:24
La propuesta está en la agenda del Congreso para este miércoles. (Foto: Archivo/Soy502)

La propuesta está en la agenda del Congreso para este miércoles. (Foto: Archivo/Soy502)

Una nueva polémica ha iniciado en el Congreso, esta vez es una iniciativa relacionada a la libertad de acceso a la información pública.

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Los diputados tienen en agenda este miércoles el primer debate de la iniciativa de ley 5792, que busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública.

El principal cambio es la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP) que sería la encargada de garantizar este derecho. Hasta el momento, esta función recae en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La ONAIP estaría a cargo de un director y un subdirector que serían designados por el Pleno del Congreso.

  • Consulta el dictamen completo:

La propuesta original fue presentada por el diputado del partido Podemos, José Alejandro de León, y ya con dictamen favorable de la Comisión de Transparencia y Probidad, que también preside el legislador ponente.

El dictamen fue avalado por diez de los doce integrantes de la sala:

  • José Alejandro de León - Podemos
  • Inés Castillo - UNE
  • Napoleón Castillo - UNE
  • Carlos Mencos - UNE
  • Dalio Berreondo - UNE
  • Hugo Rodríguez - Creo
  • Cristian Álvarez - Creo
  • Wilmer Mendoza - Vamos
  • Javier Hernández Franco - FCN
  • Julio Lainfiesta - UCN

El diputado Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no votó y el único voto en contra es el del parlamentario de la bancada Semilla, Alberto Sánchez.

  • MIRA AQUÍ:

La PDH ya solicitó públicamente que esta iniciativa regrese a comisión, porque a pesar de ser el ente encargado de la información pública no fue consultado.

La propuesta no aborda cambios respecto a la entrega de información, por lo que las instituciones públicas continuarían obligadas a facilitar datos acerca de salarios, dietas y gastos de la institución, entre otros.

Los detractores de esta ley sostienen que busca ocultar los gastos innecesarios de la administración pública y su impulsor señala que solo busca hacer más efectivos los controles para que las instituciones públicas rindan cuentas.

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