El jade es considerado uno de los minerales más valiosos y solo cuatro lugares del mundo poseen yacimientos; uno está en Guatemala.
La reciente noticia de la incautación de Q77.5 millones de jade explotado ilegalmente en Izabal, alertó por el tráfico ilícito que se está haciendo, y todo aparentemente con la protección de funcionarios.
El saqueo de jade lleva más de un año. Varias denuncias se han presentado, pero poco se ha avanzado y el Ministerio Público no logra romper el círculo de impunidad.
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La explotación es completamente visible. Las minas a cielo abierto están ubicadas en la aldea Valle Nuevo, del municipio de Morales, Izabal. El ingreso al lugar es en el kilómetro 238 sobre la ruta al Atlántico. Las minas están a simple vista, no hay que avanzar más de 500 metros para observar los grandes agujeros que, para hacerlos, utilizan máquinas, han derribado viviendas y ahora, hasta el patio de la escuela pública.
Sin embargo, no es tan fácil entrar. La aldea cuenta con un círculo de seguridad que incluye cámaras de videovigilancia casi que en cada poste de alumbrado público, y personas fuertemente armadas localizadas en puntos estratégicos que intimidan a cualquiera que se acerque y que, según los lugareños, cuentan con el apoyo de las autoridades locales y sus cuadros medios.
Incluso, el equipo de Soy502 fue perseguido por dos vehículos cuando salieron de la aldea. Las camionetas emprendieron el seguimiento por el pueblo de Morales durante más de 20 minutos, hasta que se logró perderlos.
La comunidad completa participa en el negocio ilícito. La mayoría por lo lucrativo y otros por temor, pero todos deben participar bajo la advertencia de que no deben hablar con nadie o "podría pasarles lo peor".
En el lugar se respira el miedo. Mientras que retroexcavadoras son utilizadas para abrir grandes agujeros de donde sacan el mineral. Según pobladores, cada semana se extraen cerca de 10 toneladas de Jade en bruto, valorado en unos 70 a 80 millones de quetzales. Es vendido, principalmente a un grupo de asiáticos que se codean con las más altas autoridades de Izabal.
La incautación
La incautación de un contenedor cargado con 10 toneladas de jade sin procesar fue la punta del Iceberg que alertó sobre el resurgimiento del negocio ilegal de explotación de Jade, que ya había salido a la luz en 2015, cuando se señaló que el contrabando era liderado por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, aunque esa hipótesis no se confirmó.
El decomiso se llevó a cabo el 1 de octubre en el kilómetro 246 de Morales. Según la Policía Nacional Civil (PNC), se detuvo un trailer y los tripulantes del vehículo presentaron documentos que les permite explotar serpentina, no jade, por lo que fueron capturados, pero fueron liberados al poco tiempo con medida sustitutiva.
Según funcionarios, este operativo tuvo éxito porque no se dio aviso a las autoridades de Izabal, por lo que las alarmas señalaron al gobernador Erick Bosbellí Martínez Reyes, de supuestamente dirigir la red de extracción ilegal, venta e impunidad.
De acuerdo con la Fiscal de Delitos contra el Ambiente, Aura López, cuando planifican un operativo "no pueden confiar en nadie". "No se puede confiar en la policía, no podemos confiar en los técnicos... por ejemplo, cuando se trata de deforestación, presumimos que hasta el Director Regional pueda estar de acuerdo" con los delincuentes.
La fiscal de Delitos contra el Ambiente explicó que la mayoría de los capturados suele salir rápidamente, debido a que las sanciones son muy laxas. La Ley de Minería solo obliga a suspender la explotación y establece una multa.
Mientras que el Código Penal castiga la explotación ilegal de recursos naturales con prisión de 2 a 5 años y el comiso de las herramientas, útiles, instrumentos y maquinaria que se haya utilizado. Y, si se trata de una empresa, se agrega una multa de entre 5 a 25 mil quetzales, y al reincidir, se cancela en definitiva. Además, todo tiene medida sustitutiva, pero quedan sujetos a un proceso.
Denuncias
Varias denuncias se han presentado. Una de ellas, a la que Soy502 tuvo acceso, es de la señora Mary Lou Ridinger, quien alertó a las autoridades de los ministerios de Energía y Minas (MEM), y de Ambiente (Marn), y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
La primera acción la presentó el 3 de junio a la directora General del MEM, Karin Landaverri, en la cual señala a dos pobladores, que aparentemente trabajan con el gobernador Martínez Reyes. Pero a este último no le aparecen denuncias.
Autoridades del lugar aseguran que ambos trabajan de manera directa con el gobernador Martínez Reyes, quien no aparece en ninguna denuncia, pero fue señalado por todas las personas consultadas por Soy502, quienes pidieron no ser citadas porque le temen.
Además, en una inspección realizada por el MEM el 15 de abril, se advirtió sobre la extracción minera a cielo abierto de jade.
Según pobladores, los dos denunciados se enteraron de que llegarían los inspectores a hacer la verificación a través de la Gobernación, razón por la que retiraron todas las máquinas y frenaron los trabajos que realizan allí diariamente.
Según pobladores, estas dos personas acusadas se enteraron que llegarían los inspectores a hacer la verificación a través del Gobernador, razón por la que retiraron todas las máquinas y frenaron los trabajos que realizan allí diariamente.
Tras tomar muestras, determinaron que el material extraído es "roca jade (Jadeíta)" y que "no existe Solicitud ni Licencia de Explotación Minera otorgada por el Ministerio de Energía y Minas".
Basado en la denuncia de Ridinger, el director regional de Conap, Iván Cabrera Emitaño, presentó el 2 de octubre una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP, para que se investiguen sobre la explotación ilegal del valioso mineral.
Los asiáticos
Pese a que conocen la ilegalidad con las que funcionan la extracción, varios asiáticos están siendo señalados de comprar el jade y quienes también fueron identificados en la denuncia.
Supuestamente los compradores pagan "una miseria" por el producto, mientras que ellos venden el jade en Taiwán y China a través de subastas. Además, uno de ellos, Shao-Nan Lou, enfrenta procesos legales por otros temas ambientales, por lo que la Fundación para el Eco Desarrollo y la Conservación (Fundaeco) lo denunció.
El MP realizó un allanamiento el pasado 5 de septiembre, se capturó a Hugo Oswaldo Larios Escobar, administrador de la finca, y al encargado Byron Geovany García Medrano. Después de ser escuchados, los liberaron con medida sustitutiva, pues se les imputó el delito de extracción de minerales, el cual tiene criterio de oportunidad, pese a que Fundaeco pretendía que fueran juzgados por usurpación de un área protegida.
Shao-Nan Lou buscó desligarse. Un día antes del allanamiento del MP en los que él llama sus terrenos, presentó una denuncia en la que advertía de la supuesta extracción ilegal del mineral. "Aún teniendo circulados y cercados los inmuebles... en ocasiones ingresan y empiezan a excavar y a explotar mis tierras, no de forma tan agresiva como lo hacen al entrar a la aldea Valle Nuevo", se lee en la denuncia.
Según Lou, de nacionalidad china, no ha contratado seguridad para impedir el ingreso, pero lo hacen. Sin embargo, varios entrevistados aseguran que él se benefició de la extracción. Mientras que en una búsqueda realizada por Soy502, Shao-Nan Lou aparece como subgerente General y Representante Legal de la empresa Tagua Proyectos, dedicada a la explotación de mármol.
No obstante, la empresa ya no aparece en Guatecompras y en el teléfono registrado respondió el representante de una oficina de auditoría, en la que indicaron que Tagua "desapareció desde hace varios años". Ahora, Lou aparece como representante de la empresa Acupuntura y Medicina China Lin, pero al momento de llamar al lugar, ninguna persona respondió.
No es el único. En varias investigaciones han resultado vinculados varios asiáticos. Uno de ellos es Zhao Minghui, a quien también se le vincula con la compra y exportación del valioso mineral.
Mientras que la fiscal de Delitos contra el Ambiente, Aura López, confirmó que existen varias órdenes de captura internacional por casos relacionados con la explotación ilegal de jade.
Las acusaciones contra el Gobernador
Todos los entrevistados señalaron al Gobernador, Erick Bosbellí Martínez Reyes. Altos funcionarios del municipio dijeron ser extorsionados o amenazados por el funcionario. Aseguraron que es el principal operador de la red y su papel es garantizar impunidad. Incluso, aseguran que ha puesto y cambiado jefes en la PNC y de la Dirección de Protección a la Naturaleza (Diprona).
No aparece en ninguna denuncia. Sin embargo, se le acusa de cobrar grandes cantidades de dinero para evitar que los trailer cargados con piedra jade sean detenidos desde Morales a la capital y, hasta ahora, ha cumplido. Además, lo acusan de haber cobrado una suma millonaria a los asiáticos con la promesa que les autorizarían licencias para explorar y explotar jade.
En abril, el mandatario Jimmy Morales viajó a Izabal para supervisar el avance de los trabajos en la carretera y en una escuela. El gobernador Martínez Reyes quería aprovechar el momento para reunirlo con varios asiáticos compradores de Jade, quienes supuestamente querían pedirle que les autoricen Licencias de extracción.
Soy502 tuvo acceso a varios audios enviados por Martínez Reyes a varios de sus contactos. En uno de ellos se le escucha coordinando la reunión con el presidente Morales, la cual se llevaría a cabo en el restaurante de un hotel ubicado en Mariscos.
Todo estaba listo, el Presidente llegó al restaurante donde sería la reunión, pero ya no ingresó y se retiró. Días después el Gobernador manifiesta temor de que alguien pueda captar las acciones ilegales que realizan en la comunidad.
Cuando se enteraron que había varias denuncias, el Gobernador plantea dejar "todo abandonado", porque "se está complicando". Además, los asiáticos comenzaron a reclamar las licencias prometidas y por las que habían pagado una fuerte suma de dinero.
Para detener las acciones legales, el Gobernador aseguró que sostendría reuniones con los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart; de Energía y Minas, Luis Chang; y el de Ambiente, Alfonso Alonzo, pues dice que "mucho esta molestando la gente".
A pesar que se mostró temeroso, el Gobernador no se vio disuadido, por el contrario, además de Valle Nuevo, pidió investigar otro terreno ubicado en Maderos, donde también habría yacimientos de jade y "si hay material, es otro dinero el que se gana".
En uno de los audios se escucha cómo Martínez Reyes advierte sobre sus "dudas" y les sugiere "bajar las máquinas", ello porque supuestamente se enteró de las investigaciones.
El gobernador trata de influir para evitar una indagatoria, como no logró con la persona encargada en el lugar, optó por "tomar las cosas por la cabeza" y llamó al comisario Juan Álvarez, jefe de Diprona, aunque se desconoce qué sucedió después.
Niega acusaciones
El Gobernador negó las acusaciones en su contra. Por el contrario, aseguró que la incautación de octubre se llevó a cabo gracias a su intervención y que él ha luchado en contra de la criminalidad en el departamento de Izabal.
"Le puedo enseñar los mensajes y verá usted desde qué hora se estaban coordinando las acciones para detener el contenedor... esos audios son para incriminarme, puede estar hablando de cualquier cosa", se defendió.
Martínez Reyes dijo que hay una campaña para desacreditarlo, porque ha accionado para detener los actos criminales, no solo de los saqueadores de Jade, sino que de todo lo que se lleva a cabo en el lugar.
El Gobernador rechazó que se haya reunido con los ministros de Gobernación, Ambiente y Energía y Minas, pero no pudo explicar por qué se le escucha en los audios decir que sostendrá reuniones con ellos. "Puede investigar y verá que no me he reunido con ellos", insistió.
Impunidad
De acuerdo con la Fiscal de Delitos contra el Ambiente, Aura López, cuando planifican un operativo "no pueden confiar en nadie". "No se puede confiar en la policía, no podemos confiar en los técnicos... por ejemplo, cuando se trata de deforestación, presumimos que hasta el Director Regional pueda estar de acuerdo" con los delincuentes.
Según López, sobre el caso específico del Gobernador de Izabal no existen denuncias, pero no descartó la participación de ningún funcionario público de la localidad, ya que regularmente tienen participación. Incluso, contó que a veces las mismas municipalidades han otorgado permisos o licencias municipales para extraer minerales.
"Regularmente cuentan con el apoyo de autoridades locales, hemos optado por apoyarnos con personal de otros lugares para evitar fugas de información", lamentó López, pues no sólo cuentan con una red de impunidad, sino que se presume que tienen vínculos con el narcotráfico y con personas que se dedican al lavado de dinero.
Además, explicó que se les imposibilita realizar pesquisas, debido a que "la gente en las comunidades está armada y si envío a un fiscal con una patrulla, corremos el riesgo que los tomen de rehenes o que atenten contra la vida de los investigadores".
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