Un problema presupuestario ha enfrentado a los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP). Sin embargo, la disputa podría haber encontrado un alivio, luego de una trasferencia de recursos que se realizó en vísperas de la Navidad.
Mientras esto se resuelve, los empleados de la PDH siguen sin recibir su salario correspondiente al mes de diciembre, así como su respectivo aguinaldo.
Víctor Martínez, ministro de Finanzas, confirmó a Soy502 que el 24 de diciembre se hizo una asignación de 20 millones de quetzales al Congreso para que sean trasladados hacia la PDH, y que ahora corresponde a Jordán Rodas, jefe de la PDH, realizar el trámite con los diputados..
Además, Martínez explicó que la asignación se logró realizar por un ahorro que se hizo en la partida destinada para las Clases Pasivas del Estado. "Se hizo una eficiencia, aclaro que se liquidó todo lo que se debía", manifestó a Soy502.
En manos del Congreso
Martínez señaló que ya hizo todo lo posible para trasladar los recursos a la PDH, pero queda en manos del Congreso. Será este organismo el que deberá hacer el traslado de los fondos antes del cierre fiscal, de lo contrario los recursos ya no podrán usarse.
Sin embargo, la relación de Rodas con el Congreso ha sido conflictiva. El pleito con el presupuesto comenzó desde la aprobación del Presupuesto para este 2019. En aquel momento, el titular de la PDH solicitó un aporte de 130 millones de quetzales, que incluían una donación de 10 millones por parte del gobierno de Suecia.
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Sin embargo, al momento de aprobar el Presupuesto, los diputados hicieron un recorte de 30 millones de quetzales, dejándole a la PDH un aporte de 100 millones, lo que, según Rodas, limitaba el actuar de la institución y se hizo como represalias por el actuar del magistrado de conciencia en defensa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Pleito en el Congreso
En julio pasado, Rodas envió una carta al presidente del Congreso, Álvaro Arzú, donde le explicaba que los diputados "no aprobaron la partida presupuestaria para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que corresponden a la PDH" y solicitó que se hiciera efectiva una asignación de 8 millones 730 mil quetzales.
Sin embargo, el titular del Legislativo envió al magistrado de conciencia a hacer la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo, instancia que ha mantenido un fuerte enfrentamiento con Rodas, incluso, uno de sus integrantes, el diputado Juan Manuel Giordano, ha presentado denuncias contra el funcionario y emprendió una campaña para su destitución.
Las vías judiciales
El procurador optó por la vía judicial. Primero acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su momento explicó que habría problemas para pagar salarios y aguinaldos de los trabajadores si se negaban a entregar los recursos a la PDH. Pese a que en enero ya había acudido a la Corte de Constitucionalidad para solicitar que se suspendiera parcialmente el Acuerdo Gubernativo que otorgaba un presupuesto menor que el solicitado.
Sin embargo, el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, explicó que la PDH abrió su presupuesto con 100 millones de quetzales desde el 28 de diciembre del año pasado, por lo que debió prever la falta de recursos.
Exige recursos
En septiembre, Rodas presentó un amparo ante la CSJ contra el ministro de Finanzas y el Director Técnico del Presupuesto. Los magistrados resolvieron coordinar y dar cumplimiento con el traslado de los fondos y dar cumplimiento al traslado de la asignación presupuestaria.
Pero ambas instituciones hicieron sus propias interpretaciones. Rodas asegura que se ordenó entregar los recursos extras que se requirieron, pero Martínez dice que ya lo hizo sobre la base de lo aprobado por el Congreso, es decir, 100 millones de quetzales, no 130 millones.
Días después de haber resuelto, los magistrados de la CSJ deciden revocar el amparo provisional otorgado por considerar que Finanzas carece de facultades para resolver la pretensión de la PDH, por lo que Rodas acude de nuevo a la CC, quienes ordenan a la CSJ continuar con el trámite del amparo revocado.
El titular de Finanzas ha explicado en varias oportunidades que la cartera del Tesoro no asigna presupuesto, sino que lo administra, por lo que el magistrado de conciencia debe de acudir al Congreso, ya que son ellos los que aprueban los techos presupuestarios.
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