El Ejecutivo declaró Estado de Calamidad Pública en todo el país, pero depende de la ratificación del Congreso para su vigencia durante un mes.
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Guatemala está bajo un Estado de Calamidad Pública desde este lunes 8 de julio, cuando el presidente Bernardo Arévalo declaró la medida, producto de los daños provocados por las lluvias.
Esta acción permite a las instituciones del Gobierno efectuar compras por excepción, es decir, obviando los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual implica la adquisición inmediata de bienes y servicios que se consideren necesarios.
Aunque el Ejecutivo ha garantizado la transparencia en tales procesos y limitó la autorización de compras a tres ministerios y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), es precisamente este aspecto el que genera mayores dudas entre diputados del Congreso, quienes deberán decidir sobre la ratificación del estado.
Entre los comentarios que han hecho miembros de distintas bancadas figura la capacidad de ejecución que han demostrado carteras como la de Comunicaciones, una de las avaladas para efectuar compras por excepción. Otras, sin embargo, destacan la importancia de actuar con prontitud para atender los incidentes en la red vial.
Primeras compras
Puesto que la disposición está vigente, esa cartera ya publicó dos concursos en Guatecompras. Uno es para la adquisición de cinco puentes modulares y el otro es para la reparación de un tramo que va del kilómetro 39+200 al 45+650 de la Autopista Palín-Escuintla.
La recepción de ofertas y adjudicación se haría durante la tarde de este miércoles 10 de julio.
Limitación de derechos
Pero esa no es la única medida que se le permite al Gobierno mientras esté vigente el estado de calamidad. Según la Ley de Orden Público, también se podrían limitar varios derechos civiles, como el de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas.
Si lo considerasen necesario, las autoridades también podrían establecer cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en zonas afectadas.
Otro aspecto en el cual podría intervenir, por facultad legal, serían concentraciones de personas, lo cual incluiría manifestaciones. Asimismo, se podrían prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones.
Otras disposiciones permitidas, de acuerdo con la Ley, son:
- Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su acaparamiento.
- Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro.
- Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales.
- Tomar todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la protección de las personas y de sus bienes.
Sin embargo, en el Decreto Gubernativo 2-2024, que contiene el Estado de Calamidad vigente, se indica que los derechos que podrían limitarse son únicamente el de acción y locomoción, contenidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República.
En esa norma, el Ejecutivo también establece que "ninguna persona podrá ser perseguida o molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la ley".
