En enero de 2023 se presentó en el Congreso una iniciativa que plantea la liquidación de Guatel.
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Aunque casi nadie se recuerda de ella y existen dudas sobre su funcionamiento, la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) sigue vigente y este 2024 tiene una asignación presupuestaria cercana a los Q24 millones (Q23,550,000).
En su página web, se define como la "responsable de prestar todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales", e indica que le corresponde "aplicar la política de desarrollo, tarifas y operación que determine su Junta Directiva", acorde con las disposiciones de su ley orgánica.
Sin embargo, durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) se vendió el 80% de sus acciones y en 2005 se liberaron los servicios telefónicos, por lo cual actualmente solo presta servicios de enlace a internet y de datos por fibra óptica, sobre todo, al sector público.
Estos y otros aspectos, Guatel ha destacado debido a las críticas por el gasto de su funcionamiento y por el diputado Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), quien hace un año presentó una iniciativa de ley que busca la disolución de la entidad.
Empero, no ha logrado el apoyo necesario para que su propuesta avance. Su más reciente intento fue en la reunión de jefes de bloque del pasado 11 de marzo, en la cual planteó que el proyecto se conociera en el pleno, para así ser remitida a una comisión que evalúe su viabilidad; no obstante, no consiguió respaldo.
¿Qué propone?
Registrada con la nomenclatura 6179, la iniciativa plantea todo un mecanismo para la disolución, liquidación y supresión de Guatel en un lapso de seis meses, una vez se establezca una comisión que estaría a cargo del proceso.
Tal instancia estaría presidida por un representante del Ministerio de Finanzas Públicas y estaría integrada por delegados de las siguientes instituciones:
- Procuraduría General de la Nación
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)
- Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
- Contraloría General de Cuentas
De aprobarse el proyecto, esta comisión tendría que reunirse por primera vez en un plazo no mayor de 30 días después de la publicación del decreto correspondiente, con lo cual empezarían las gestiones para dejar sin vida jurídica a Guatel.
Parte de los procedimientos para llegar a esa fase son la elaboración, un balance general de la entidad, que tendría que hacerse de conocimiento del Congreso.
Una vez aprobado tal documento, empezaría el traslado de bienes, derechos y obligaciones de Guatel al CIV. El cronograma para cada etapa tendría que ser elaborado por la comisión de liquidación.
Si el Legislativo finalmente apoyara la iniciativa de Cristian Álvarez también se derogaría el Decreto 14-71, que contiene la Ley Orgánica de la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala.
Más gasto que producción
En la iniciativa 6179 se establece como una de las principales razones para disolver Guatel, que la mayor parte de su presupuesto se va en funcionamiento, con pagos de salarios, adquisición de materiales y suministros, así como transferencias corrientes y asignaciones globales de créditos de reservas.
En el documento figuran datos de 2020, cuando la Empresa tenía un presupuesto de Q16 millones, de los cuales el 99 % se destinaban a los mencionados rubros.
Actualmente, según el portal de transparencia, en el lugar hay 74 trabajadores, de los cuales 10 son permanentes, incluidos el gerente, Jorge Luis Alfonzo Pineda, con un salario mensual de Q37 mil 548, y el subgerente, Wálter Alfonso de León Barreno, con Q30 mil 458.
El resto del personal tiene contratos temporales bajo los renglones 022 y 029.
