Una acción de amparo se presentó en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, por haber interpuesto solicitudes de antejuicio contra seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Las solicitudes de desafuero se interpusieron el viernes último en contra de Bonerge Mejía, Gloria Porras, José de Mata, María Cristina Fernández, José Mynor Par y Neftaly Aldana.
La acción busca que se emita el amparo provisional y con ello se suspenda el trámite de las solicitudes de antejuicio.
El amparo lo interpuso el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El abogado afirma que los magistrados constitucionales "no pueden ser perseguidos por sus resoluciones".
Asegura que los antejuicios son ilegítimos y considera que se transgredió la preeminencia del derecho internacional, ya que en octubre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución donde se solicitó al Estado de Guatemala adoptar medidas para proteger la vida e integridad de los citados magistrados de la CC.
En esa resolución, la CIDH determinó que los seis magistrados "enfrentaban una serie de amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias como consecuencia de ciertos casos de alta repercusión mediática".
El MP presentó en total 118 solicitudes de antejuicio en contra de además de los magistrados de la CC, 13 magistrados suplentes de la CSJ y 99 diputados, entre ellos, siete integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la República.
Las peticiones están relacionadas con la desobediencia a resoluciones de la CC. Abarcan a todos los funcionarios judiciales y dignatarios que se encuentran en un conflicto debido a que primero la CSJ tramitó un antejuicio contra cuatro magistrados constitucionales y luego el Congreso no acató una resolución de la CC que le ordenaba regresar el expediente.
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