La Procuraduría General de la Nación (PGN), como abogado del Estado, accionó penalmente contra "un conjunto de resoluciones judiciales" emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC), que a criterio de esta entidad "pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales".
A través de un comunicado, la PNG informó que las resoluciones de la CC "tienden a atribuirse facultades que no les corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso variando las formas de tramitación de las acciones constitucionales de amparo".
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Según el documento, la intención de la PGN es "defender los intereses del Estado", por lo que presentó la acción de amparo y solicitó retirar el antejuicio a los magistrados José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, quienes aseguran han cometido hechos delictivos como prevaricato, violación a la constitución, relaciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
La última resolución de la CC, en la que participaron los magistrados señalados por la PGN favorecía a los 11 funcionarios de la CICIG, a los que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a renovarles las visas de cortesía con las que trabajan en el país.
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