La Fiscalía contra la Corrupción pidió desestimar el caso por la compra de dos aviones militares conocidos como Pampa III.
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Durante el gobierno de Jimmy Morales se descubrió que Guatemala realizó una compra directa y sin licitación al Gobierno de Argentina para adquirir dos aviones por más de Q210 millones.
La compra permaneció oculta hasta que una publicación extranjera expuso el negocio. La Contraloría General de Cuentas (CGC) recomendó no realizar la compra y el Ministerio de la Defensa decidió suspenderla.
Las criticas comenzaron y la presión popular hizo que el Ministerio Público (MP), a cargo de Consuelo Porras, iniciara una investigación de oficio.
Sin hallazgos, dice el MP
Dos años después de ese escándalo, la Fiscalía contra la Corrupción informó que concluyó la investigación y determinó que no existen indicios de delitos y pidió a un juez que el caso sea desestimado.
El juez Octavo de Primera Instancia Penal programó para el 2 de febrero de 2022 la audiencia donde se discutirá el cierre del expediente.
Hasta el cierre de esta nota, el MP no informó qué diligencias realizó para concluir en la desestimación.
El caso de los Pampa III
Antes de que finalizara su mandato, el entonces presidente Jimmy Morales insistió en la compra de los aviones de combate de manufactura argentina "Pampa III".
En aquella oportunidad, el mandatario envió una petición al Congreso de la República para que aprobara un nuevo acuerdo que Guatemala y Argentina suscribirían.
Este acuerdo pretendía crearse, específicamente, para que Argentina sea el proveedor de Guatemala de un sistema de "Defensa Aéreo" y permitiría la adquisición de los aviones "Pampa III".
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Esto incluiría un sistema de Defensa Aéreo similar al usado por la Fuerza Aérea de Argentina. "El Sistema y sus respectivos componentes responden a los propósitos, necesidades y responsabilidades constitucionales de la Fuerza Aérea Guatemalteca, cuya misión principal es velar por la soberanía de la Nación...", se lee en el documento.
Los aviones mencionados en el acuerdo tendrían un costo de 215 millones de quetzales. La Contraloría General de Cuentas emitió opinión en julio de 2019 cuando Jimmy Morales evitó la utilización de la Ley de Compras del Estado para realizar dicha adquisición.
