Odebrecht sobornó a todo un continente. La constructora, una de las mayores de la región, y cuyo poder se consolidó durante los años de la dictadura militar brasileña, llegó a creerse tan impune que su organigrama incluía una oficina dedicada a pagar mordidas.
Sus operaciones de corrupción alcanzaron un alto de perfección. En contubernio con empresas más pequeñas, manipulaban los precios de cualquier licitación. Así conseguían, sin competencia, contratos al más alto precio posible. La maquinaria estaba perfectamente aceitada. El dinero de los contribuyentes iba directo a los bolsillos de los empresarios y de los políticos de los países con los que alcanzaban “felices acuerdos”.
Pocos imaginaron, cuando se desarticuló en 2014 una red de blanqueo de capitales en Brasil, cuán grande era el monstruo que había detrás. El caso “Lava Jato”, llamado así porque los cambistas involucrados usaban de fachada a estaciones de gasolina y lavado de autos, se trajo de cabeza a la clase política de ese país y a la gigante Petrobras. Y puso en el centro del escándalo a Odebrecht, que igual construía carreteras como puentes o siderúrgicas. La empresa, es más, renovó, hace un par de años, el puerto de Mariel en Cuba.
De los 788 millones de dólares en sobornos que Odebrecht reconoció haber pagado en Brasil y otros 11 países, 19.7 millones se destinaron para Guatemala. La meta, aquí, era garantizar que se les otorgara la construcción de un tramo moderno en la ruta de Cocales a Suchitepéquez. Pagamos el 75% del contrato y recibimos, a cambio, apenas el 35% de la obra. Y nadie habló de resarcimiento hasta que la Fiscal General, Thelma Aldana, reveló que la empresa había acordado pagarnos 35.9 millones (el monto de la mordida pagada a Sinibaldizón y compañía más 18 millones por el materia de construcción que se ha hecho trizas durante todo este tiempo en que los trabajos han quedado paralizados).
Compare con lo que ha pasado en otras latitudes. La penalización que la empresa pagó en Brasil fue de 2 mil 391 millones. A Suiza se le entregaron 116 millones y a Estados Unidos, 93. Con 120 millones de los 184 que la fiscalía dominicana les obligó restituir se construirá una cárcel para 9 mil 200 internos. La multa que pagarán en Panamá asciende a 220 millones. (Todo en dólares, claro).
En Colombia, Odebrecht financió parte de las campañas del mandatario Juan Manuel Santos y de su principal rival de ese entonces, Oscar Iván Zuluaga. En ese país se canceló de tajo el megaproyecto de la Ruta del Sol y se inhabilitó a la empresa por 20 años.
En Perú, el expresidente Alejandro Toledo está prófugo por supuestamente haber recibido sobornos. Sus sucesores, Ollanta Humala y Alan García, también habrían sido beneficiados con dinero para sus campañas. Pedro Pablo Kuczinksy, el mandatario actual está en la mira. Pero en la nación andina se paralizó la construcción de su mayor gasoducto y se ejecutó una multa de 262 millones de dólares.
En Guatemala no es sino hasta ahora que la Procuraduría General de la Nación da un paso al frente y plantea una demanda en contra de la empresa. No es posible que Odebrecht haya recibido casi todo el dinero del contrato, no pueda avanzarse ni un centímetro en la obra, tengamos que sacar un nuevo proceso de licitación y desde el Ministerio de Comunicaciones se haya hablado de “acuerdos felices”. ¿Es que el Ministerio Público veía el caso con unos ojos y el MICIVI con otros?
Aquí, lo que nos deben son millones. ¡De dólares!
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