En el Congreso se analiza una ley que dejaría libre de deudas por energía eléctrica a más de una docena de municipalidades.
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La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso evalúa una iniciativa de ley que condonaría una deuda por más el Q3,200 millones que distintas comunas arrastran con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Para conocer la situación, diputados de la sala legislativa citaron a alcaldes y representantes del INDE, quienes reconocieron que las deudas, en la mayoría de los casos, proceden de varias décadas y los intereses han crecido tanto que "prácticamente son impagables".
Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), acudió a la junta, la cual calificó de positiva y destacó la importancia de solventar la situación, mediante el proyecto de ley que se presentó en febrero pasado y ahora es objeto de análisis.
Según dijo, de aprobarse la normativa, se comenzaría desde cero y la sugerencia es establecer un artículo para poner límite a la deuda que pueden adquirir las comunas, de tal manera que los alcaldes no repitan errores de administraciones anteriores.
Varios jefes ediles presentes en la sesión aseguraron que lo adeudado corresponde a períodos pasados y que las facturas actuales están al día.
¿Quiénes se favorecerían?
La propuesta que está en estudio es la 6349 y plantea la exoneración de deudas que 13 empresas eléctricas municipales tienen con el INDE. El objetivo sería que no paguen ningún monto, capital, intereses o mora de períodos anteriores a enero de este año.
En el proyecto se indica que las comunas beneficiadas serían las siguientes:
- Santa Eulalia y Huehuetenango, Huehuetenango
- Guastatoya, El Progreso
- San Pedro Pinula, Jalapa
- Retalhuleu, Retalhuleu
- Joyabaj y Playa Grande, Quiché
- San Pedro Sacatepéquez, Tacaná y San Marcos, San Marcos
- Quetzaltenango, Quetzaltenango
- Gualán y Zacapa, Zacapa
Esduín Javier, Tres Kiebres, es el presidente de la comisión que analiza esta iniciativa y manifestó que aún se deben escuchar los argumentos del Ministerio de Finanzas y otras entidades, para poder emitir el dictamen correspondiente.
