El caso B410 es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos. Las empresas de este grupo no solo pudieron haber defraudado tributariamente al Estado sino que también cometer otros delitos.
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La Fiscalía de Delitos Económicos está detrás de la información de las empresas que conforman el grupo B410 y otras que fueron creadas por el mismo notario, un hombre de apellidos Barrera Maldonado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al trasladar la denuncia al Ministerio Público, dividió la investigación en tres grupos. La Fiscalía mantiene esas tres líneas de investigación y las está ampliando.
El MP, con la información recabada hasta el momento, tiene claro cómo es que el notario creó las empresas y luego las vendió, cedió o trasladó a otras personas, pero la verificación de datos permitirá dar con quiénes son.
La primera gran línea de investigación se centra en nueve empresas del grupo B410, son proveedoras del Estado y que podría catalogarse como empresas fantasma. La SAT adelantó al indicar que sus direcciones fiscales no existen y el Ministerio Público continuó comprobando esa información.
La Fiscalía desarrolló allanamientos y fue a la dirección fiscal reportada por estas nueve empresas y el resultado fue que de las 9 empresas, solo 1 fue localizada físicamente, del resto, la dirección no existía o funciona otra entidad que no tiene relación con esta.
Además, en la única empresa que localizaron una dirección, el lugar no tenía apariencia de que funcionara una empresa como tal. Estas empresas le vendieron al Estado en 2023 y 2024.
"Se practicaron diligencias de allanamiento, precisamente para establecer si tenían infraestructura, personal operativo, personal capacidad instalada, que permitiera considerar razonablemente que todo lo que le han facturado al Estado durante el 2023 incluyendo el 2024 fuera real. Los allanamientos determinaron o arrojaron como resultado que no todas tienen infraestructura para la prestación de servicios. Estamos en la tarea, no solo de recabar indicios o información de cómo operaban, sino también cómo se comportaban financieramente", explicó el jefe de la Fiscalía, Mario Pérez.
Esto encontraron
La Fiscalía fue a los lugares en donde se supone operan estas empresas y los resultados fueron positivos para la fiscalía, pues se comprueba cierta parte de la hipótesis: las empresas solo existen en papel.
"Hay una que facturó entre 2023 y 2024 alrededor de 40 millones de quetzales, y tenemos nuestras dudas, pero estamos por recabar toda la información pertinente. Con las otras dos que fueron localizadas, solo se localizó el domicilio fiscal, pero no se estableció infraestructura para la prestación de servicios o la compra venta de bienes con el Estado. Las otras definitivamente no las logramos ubicar por ningún lado, ni en domicilio fiscal ni domicilio comercial, entonces estamos en la labor de recopilar la información financiera para llegar a beneficiarios finales e identificar personas que pudieron utilizar estas sociedades y la forma en que operaba", dijo el fiscal Pérez.
La Fiscalía cree que estas empresas tenían direcciones falsas, aunque constantemente actualizaban la información ante la SAT y el Registro Mercantil. Aunque algunos domicilios sí fueron ubicados, estos eran de casas particulares.
"Podrían ser catalogadas como empresas de cartón, si bien han cumplido con sus registros legales, han cumplido con su registro mercantil y SAT, tampoco se pueda considerar por el simple hecho de estar en papel que sean entidades reales porque su operación es irregular, inclusive estamos en la labor de verificar si fue ilegal", agregó el jefe fiscal.
De acuerdo con Pérez, una empresa que le vende al Estado, ya sea bienes o servicios, debe tener una capacidad física y financiera, y este grupo de nueve, no cumple con una ni otra.
"Son empresas de 2021, 2022, algunas de 2023. Lo que nos hace presumir que no tienen o no han tenido la capacidad financiera para venderle al Estado, por lo menos de proveerse de recursos para tener esa capacidad de venderle al Estado y a eso súmele porque en los allanamientos no se pudo establecer que tuviera capacidad instalada, queda hasta cierto punto en evidencia, que las entidades no tienen capacidad instalada o financiera", comentó.
Piden auditorías
Debido a las sospechas que levantó el no encontrar las direcciones fiscales de estas empresas, la Fiscalía solicitó a la Contraloría General de Cuentas realizar auditorías en las entidades que compraron bienes o servicios a estas nueve empresas, con el fin de comprobar si realmente recibieron el bien o únicamente se pagó.
La Fiscalía tiene definido quién creó las empresas y quienes figuran como socios fundadores, pero ahora están por verificar quiénes las adquirieron. Consideran que los nuevos dueños no fueron engañados, sino más bien, sabían en qué condiciones estaban las empresas.
"Cada uno compró la sociedad y cada uno le dio el uso y finalidad que buscaban con las mismas. Reitero, estamos viendo el caso desde punto de vista tributario, pero no descartamos la comisión de otros delitos. Solo la recopilación y análisis de la información necesaria, incluyendo la financiera nos va a permitir llegar a los beneficiarios de los fondos que cada una de estas entidades manejaba y si finalmente cumplieron o no de forma regular con el pago de los impuestos derivado de las operaciones que se pudieron haber dedicado", declaró Pérez.
Las otras empresas
Las otras líneas de investigación es por 16 empresas más, en su mayoría constructoras, que le facturaron al Estado con facturas del grupo B410 y por las cinco empresas que usaron proveedores del grupo B410, emitieron facturas, pero no pagaron impuestos.
Con ellas, están verificando la información contable, pero además, están a la espera que la SAT concluya sus auditorías, debido a que deben agotar el proceso administrativo.
"Son períodos no prescritos, quiere decir que dentro del ejercicio de sus facultades. SAT aún puede verificar esos ejercicios fiscales y por el otro, recordemos que nos vamos a centrar en 410 sociedades. Estamos analizando si además de las sociedades que han salido a relucir que no tienen esa capacidad de proveer algún bien o servicio hubiera más. Ese trabajo de fiscalización todavía está en manos de SAT para establecer si los montos que ya fueron determinados fueron los que se puedan reclamar y eventualmente imputar o pudieran ser incrementados. Entonces necesitamos que se concluya esa verificación", dijo Pérez.
La Fiscalía está investigando este caso por delitos de orden tributario, pero debido a los primeros hallazgos, no se descarta que a través de estas empresas se pudiera haber cometido otro tipo de delitos como lavado de dinero, venta de facturas, entre otros.
