El Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) desmantelaron una red que en los últimos 10 años defraudó al fisco con unos 100 millones de quetzales a través de la creación de "empresas de cartón" que trabajaban directamente con el sector ganadero.
Las empresas vinculadas forman parte de Walmart Centroamérica, aunque el superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano, aseguró que aún se hará una investigación para determinar si hubo participación directa.
La estructura operaba a través de dos empresas mercantiles legalmente inscritas, Grupo Nefma, S.A. y Desarrolladora Internacional (DCI, S.A.), quienes al final le distribuían a Delicarnes.
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Según Melvin Silvestre, fiscal de Delitos Económicos MP, ambas empresas optaron por utilizar proveedores, intermediarios y transportistas del sector informal, para los cual crearon "empresas fachada o de cartón" para documentar las compras de ganado, y de esa manera incrementó sus costos.
En el caso de DCI, S.A. evitó el pago de 36 millones 332 mil 892 quetzales en los impuestos Sobre la Renta (ISR) y Al Valor Agregado (IVA), mientras que Grupo Nafma defraudó 40 millones 376 mil 119, durante el ejercicio fiscal de 2012, pero en los últimos diez años, la SAT calcula que evitaron el pago de 100 millones de quetzales en impuestos.
Las empresas de fachada estaban legalmente constituidas e inscritas, y para ello se contrató a personas que servían como representantes legales, a quienes se les pagaba un salario mensual de entre 2 mil a 3 mil 500 quetzales al mes. A pesar de que las entidades reportaban movimientos, sus ganancias eran cero. Incluso, Solórzano Foppa aseguró que una de ellas reportó regalías de 26 quetzales en 10 años.
Para esconder sus movimientos, la organización tenía varias cuentas bancarias con las que registraba su flujo de capital para dar una apariencia de legalidad, explicó Silvestre.
Este es el comunicado que emitió Walmart Centroamérica.
Trabajó en Ministerio de Finanzas
Durante la mañana de este viernes, el MP efectuó una serie de allanamientos, en las que logró la captura de documentación que servirá para continuar con la investigación, y además aprehendió a cinco personas, de las diez órdenes de captura.
Entre los sindicados se encuentra Adalberto Tomás Ortíz Mendoza, quien se desempeñó como subdirector Administrativo Financiero del departamento de Asuntos Administrativos del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP), y que ahora presta sus servicios profesionales en la gerencia administrativa de la Empresa Portuaria Quetzal.
Según Silvestre, se efectuó un allanamiento en su vivienda, pero no se le localizó, por lo que también se le buscó en el Puerto.
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