El martes 13 de septiembre recién pasado, el Congreso aprobó de urgencia nacional reformas al Código Penal, en las que modificó el delito de financiamiento electoral ilícito y que aquellas personas que sean condenadas a no menos de diez años de prisión puedan pagar para evitar el encarcelamiento.
No obstante, la prisa de los diputados por aprobar las leyes, que también beneficiarán a los acusados en casos de corrupción, los hizo cometer, al parecer, varios errores: algunos pandilleros y narcotraficantes podrán sustituir su estancia en prisión por un pago de entre 5 y 100 quetzales por cada día fuera de la cárcel, por mencionar uno de los deslices.
- QUE NO SE TE PASE:
Ante esta situación, como ya lo ha hecho antes, el presidente Jimmy Morales podría vetar las reformas y de esta forma anular lo acordado en el Congreso. Precisamente, es esta petición la que realizan las cámaras empresariales del país, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).
- POR SI NO LO VISTE:
Veto a las reformas
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) publicó un comunicado de prensa en el que destaca que lo sucedido en el Congreso es "inconcebible". "Estas reformas legales fueron aprobadas en tiempo y modo que únicamente pueden hacer llegar a la conclusión de que fueron diseñadas para asegurar impunidad", aparece en el documento.
Al mismo tiempo, la Cámara de la Industria de Guatemala expresó su rechazo por la forma "sorpresiva y espuria" en la que fueron aprobadas las reformas al Código Penal en el Congreso. "Demandamos al presidente de la República que ejerza su derecho constitucional de veto sobre los proyectos de ley 5351 y 5352".
La Cámara del Agro difundió un comunicado señalando que las iniciativas de ley deben tener un análisis obligatorio. "Las implicaciones graves de estas reformas no solo alcanzan delitos graves de alto impacto, sino también delitos de orden común", se lee.
Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) considera que el Congreso debe aprobar reformas para mejorar el combate a la impunidad y por ello "pedimos al presidente de la República vetar los decretos aprobados".
"Aberración legislativa"
La PGN, dirigida por Anabella Morfin Mansilla, manifestó a través de un comunicado de prensa su "indignación y rechazo" a las reformas, ya que estas promueven la impunidad y propician la existencia de estructuras criminales que financian las actividades electorales.
La entidad recomienda a Jimmy Morales que vete las reformas. "Permitir que se consolide esta aberración legislativa debilita nuestro sistema democrático, la lucha contra la impunidad y la corrupción", concluye el comunicado.
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