Hace cuatro meses, en un supuesto “hogar seguro” murieron quemadas 41 niñas que intentaron huir de ese lugar, donde en lugar de refugiarlas, funcionarios pagados con nuestros impuestos llegaron al colmo de torturarlas y prostituirlas.
Hace ya casi dos semanas, decenas de adolescentes se amotinaron ¡otras vez! en el Centro Juvenil de Detención Provisional conocido como “Las Gaviotas”, para exigir que se cambien las normas del lugar.
En esa insurrección, jóvenes armados, con los rostros tapados, invadieron los tejados del vecindario, saquearon una bodega de cervezas y se apostaron a emborracharse en el techo, mientras la policía los dejaba hacer, para horror del vecindario.
Cualquiera creería que ambos episodios empujarían al gobierno a formular una estrategia y un plan de acción, creíbles, ejecutables y con el necesario financiamiento, para abordar con seriedad la problemática de los niños y jóvenes que sufren maltrato y los que están en conflicto con la ley.
Sin embargo, pasan los días y las semanas, y no vemos que las autoridades ofrezcan soluciones para esos jóvenes. Ni para los que están en riesgo ni para los que ya están en problemas.
Así las cosas, lo único que podemos esperar es que las crisis vuelvan a repetirse, con consecuencias sangrientas.
La falta de liderazgo en la búsqueda de respuestas para la juventud –como en muchos otros temas también—deriva en la parálisis de instituciones y funcionarios.
Si el gobierno no se ocupa de generar un marco normativo e institucional para que las autoridades actúen, y si no les proporciona los recursos adecuados para cumplir con su responsabilidad, lo lógico es que los funcionarios se crucen de brazos.
¿Quién quiere encabezar la Secretaría de Bienestar Social si no hay un plan para enfrentar los problemas que enfrenta esta institución? ¿Quién quiere dirigir el "hogar seguro" si no se resuelvan de fondo los problemas que agobian al lugar? ¿Qué juez querrá llegar a atender una emergencia si de cualquier forma no tiene a dónde más enviar a los jóvenes?
Hoy como hace cuatro meses, cinco o diez años, los jóvenes que caen en el sistema de “resguardo” del Estado, por abandono, abuso o transgresiones a la ley, se hunden en un círculo vicioso que los condena a la violencia.
Sabemos que muchos de ellos vienen de familias rotas y son víctimas de las peores agresiones imaginables desde la edad más temprana. Que son enviados a estos lugares donde, en vez de protegerlos, suelen recibir abusos iguales o peores.
Pienso por ejemplo en ese bebé de un año y siete meses a quien su propia madre le quebró ambas piernas. La mujer, reincidente en malos tratos a ese bebé de pocos meses de edad, fue enviada a prisión por la jueza Patricia Gámez.
¿A qué “hogar seguro” enviarán a su hijo? ¿Podemos garantizar que ahí lo tratarán mejor, que alguien le dará el amor y la formación que necesita?
¿O acaso veremos, dentro de 12 o 13 años, que con esas mismas piernas, partidas a golpes cuando era bebé, corra por los tejados alrededor de las Gaviotas, con un machete en la mano y un trapo amarrado en el rostro?
¿Quién se hará responsable entonces?
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