El Ministerio Público (MP) está atado de manos. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció que el delito de financiamiento electoral no registrado solo podrá ser fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta decisión fue criticada por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y por el extitular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, entidades que han presentado varias denuncias contra agrupaciones políticas por financiamiento electoral ilícito y no registrado.
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Pero, ¿todos los magistrados de la CC están de acuerdo? Sí. Según la resolución del amparo del Expediente Acumulado 1660-2019 y 1750-2019, en el cual se establece que el TSE es el responsable de la fiscalización a las agrupaciones políticas, todos los magistrados firmaron sin ningún razonamiento.
De acuerdo con el dictamen, la encargada de presentar el caso al resto de juristas que integran la CC fue la magistrada Gloria Porras, quien ha sido señalada en varias oportunidades de apoyar a la excandidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
Incluso, en marzo del año pasado, cuando se le negó la candidatura a Zury Ríos, ella y su excandidato a la vicepresidencia, el exmagistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, acusaron a Porras de coordinar al resto de juristas para votar a favor de las resoluciones que favorecieran a Torres.
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