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Ser prestamista colombiano en Guatemala: delito de 12 años de cárcel

  • Por Karla Gutiérrez
02 de agosto de 2024, 12:18
En el Congreso se impulsa una ley que elevaría las penas de cárcel y multas para los usureros. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En el Congreso se impulsa una ley que elevaría las penas de cárcel y multas para los usureros. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un proyecto que se promueve en el Congreso establece castigos específicos para extranjeros que brindan los denominados préstamos de gota a gota.

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El Congreso de la República podría crear una ley que permitiría frenar los abusos que cometen los denominados prestamistas colombianos, quienes otorgan créditos por los cuales cobran intereses diarios.

Este viernes 2 de agosto, se presentó una iniciativa que busca aumentar el castigo para el delito de usura, el cual estarían cometiendo tales personas.

Mediante una reforma al Código Penal, se pretende que esa actividad ilícita se sancione con entre 6 y 8 años de prisión y multa de hasta Q250 mil, cuando sea cometida por un guatemalteco.

Empero, si el responsable fuera un extranjero, la pena de cárcel podría llegar a los 12 años y la multa hasta los Q400 mil.

El diputado José Chic es el ponente del proyecto e hizo que el objetivo sea evitar que se sigan cometiendo crímenes por los conocidos préstamos de gota a gota, los cuales, aunque son fáciles de obtener, generan intereses que imposibilitan al deudor cumplir con el pago.

Esto ha propiciado, inclusive, varias muertes. Pues a los "usureros" se les ha señalado de amenazar de muerte a quienes les deben.

Para frenar robo de medicinas

La propuesta de Chic también plantea reformar las sanciones por el delito de peculado por sustracción, el cual lo comete quien retire dinero, insumos o bienes públicos a su cargo.

En la iniciativa se establece de  6 a 12 años de cárcel y multa de entre Q25 mil y Q50 mil para quienes incurran en ese acto. Además, si se aprobara la ley, también quedarían inhabilitados para ocupar puestos en el Gobierno.

Eso no es todo, si el robo se produjera en una entidad de los ministerios de Salud y Educación, las penas se incrementarían en dos terceras partes. Esto quiere decir que el implicado podría pasar hasta 20 años en prisión.

Según Chic, con esta medida se pretende impedir la sustracción de medicinas de los hospitales, como en casos que se han evidenciado en días recientes.

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