Los cuatro juzgados de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo trabajan entre carencias que provocan demora en la resolución de los procesos.
¿Ejemplos? La renuncia en 2017 de una auxiliar judicial retrasó al Juzgado D de Mayor Riesgo y dejó pendientes de notificar 50 resoluciones.
La titular de ese despacho, Erika Aifán, accedió a contar algunas penurias que enfrenta en el día a día y comienza diciendo: “Ha habido voluntad (de la CSJ para apoyar), pero ha sido accidentado”.
Aifán comparte que desde la creación de ese juzgado no se le asignó una sala de audiencias, lo que dificulta la realización de las diligencias.
El personal del Juzgado D debe hacer llamadas constantes para solicitar prestada una sala de audiencias; con suerte le conceden espacio, de lo contrario debe esperar para programar.
En una ocasión Soy502 comprobó que un empleado se negó a seguir laborando y la audiencia debió suspenderse porque la jornada concluía a las 15:30 horas. El empleado no era parte del Juzgado D, se encontraba en calidad de "préstamo".
Dicho juzgado enfrenta falta de personal: cuenta con una secretaria, un oficial y un comisario. También se le asignó un segundo oficial, pero itinerante.
La togada insiste en la importancia de la selección de personal. Los empleados deben ser de “alta confianza” por el tipo de casos que se tramitan.
La jueza Aifán está a cargo de procesos que relacionan crímenes de cuello blanco. En uno de los casos más mediáticos figura como cabecilla el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
En los días más duros en ese juzgado, el poco personal suspende vacaciones, trabaja en horarios extendidos y en ocasiones hasta fines de semana.
Hacen estudio
La organización FADS (Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro) realizó en 2017 un estudio acerca del trabajo de los juzgados de Mayor Riesgo A, B, C y D.
Lilia del Río, analista jurídica de la entidad, comparte algunos hallazgos. “Evidenciamos dos modelos de gestión de casos”, explica sin identificar a qué juez se refiere: un método es dilatorio debido a que hay constantes recesos, lo que acorta el tiempo efectivo de audiencias.
El otro procedimiento es que el juez se dedica a los casos y hay continuidad; aunado a ello, el togado, dice Del Río, “está empoderado y fortalecido, y deja clara las reglas en la audiencias”.
Según el estudio de FADS: “El Organismo Judicial (OJ) no les está brindado las condiciones. Han tenido que recurrir a una serie de medidas que implica sacrificios".
Respecto al Juzgado A de Mayor Riesgo, FADS explica que la jueza titular Claudette Domínguez se quejó de que ha tenido que realizar audiencias que terminan incluso en la madrugada. “Con esas jornadas ya no están en el mismo uso de sus facultades”, dice la analista Del Río.
Un oficial del Juzgado B de Mayor Riesgo comparte su experiencia y describe que “el problema está desde la creación”. También señala que la falta de personal ha sido un obstáculo.
Con el pasar del tiempo se le dotó de oficiales, pero comenta que ha persistido la carencia de insumos.
Varios de los entrevistados coinciden en mencionar que el uso de los elevadores también se convierte en un problema para todos los juzgados de la Torre de Tribunales. La situación genera atrasos, debido a que en ocasiones hay que esperar hasta 20 minutos para abordar uno.
El problema también se extiende a otros actores. Algunos abogados que litigan en esos juzgados contaron a FADS que el Ministerio Público entrega los medios de prueba de manera inadecuada.
En ocasiones, los fiscales no proporcionan a tiempo los indicios que por ley deben entregar a los defensores y eso hace que se pida tiempo para conocer el proceso, volviendo al tema de los retrasos.
Los abogados de la Defensoría Pública Penal no cuentan con computadoras y, aunque se les entregue una USB, no tienen dónde reproducir la información durante la audiencia.
Sin presos no hay audiencias
El Sistema Penitenciario también se une a la cadena de atrasos cuando por diversas circunstancias no realiza el traslado de la persona procesada. Los juzgados deben reprogramar las audiencias, aunque esto afecta a toda el área penal del OJ.
En relación al litigio malicioso, Lilia del Río, expone que "sí hay incidencia del litigio malicioso, lo que es fatal porque, si un abogado presenta una acción, afecta a los coimputados".
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dicen estar conscientes de las carencias. En la más reciente entrevista, la magistrada Delia Dávila explicó que están proyectando ampliar los espacios en la Torre de Tribunales trasladando a los pocos juzgados del ramo civil que quedan, para que el edificio se convierta solo en el área penal de la metrópoli.
