La falta de recursos para cubrir el excedente de toneladas ofertadas amenaza el ingreso de comunidades rurales y pequeños productores, así como la continuidad de un mercado ambiental clave para el manejo sostenible de los bosques.
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Miles de productores forestales, comunidades y propietarios de bosques en el país enfrentan incertidumbre debido al riesgo de que los pagos previstos dentro del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) no se completen, pese a ser una iniciativa que reconoce económicamente los servicios ambientales que generan los bosques y cuya implementación tomó más de una década.
Francisco Escobedo, director ejecutivo de la Gremial Forestal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), explicó que aproximadamente la mitad de los beneficiarios podría no recibir el ingreso esperado, pese a haber cumplido con los requisitos técnicos y contractuales del programa.
El PRE permite que pequeños productores, cooperativas, comunidades y otros actores con cobertura forestal sean remunerados por la captura de carbono, un servicio ambiental clave en la mitigación del cambio climático.
Mercado ambiental emergente
El PRE abrió por primera vez para Guatemala la posibilidad de participar en el mercado internacional de servicios ambientales, especialmente en la venta de carbono fijado por los árboles a través de la fotosíntesis. Este carbono, que queda almacenado en la biomasa forestal, es adquirido por compradores internacionales como una forma de compensar sus emisiones.
Guatemala, por sus condiciones naturales, posee un alto potencial de crecimiento forestal, esto le permite competir favorablemente en ese mercado. El programa fue diseñado para que pequeños poseedores de bosques pudieran acceder a estas transacciones, pues de la manera individual les sería prácticamente imposible cumplir con los estudios, mediciones y escalas requeridas para vender bonos de carbono.
Déficit que afecta a más de 100 mil beneficiarios
Escobedo enfatizo que el contrato firmado entre Guatemala y el Banco Mundial establecía la compra de 10 millones de toneladas de carbono a un precio de US$5 por tonelada. Sin embargo, la oferta nacional superó esa cantidad. El excedente podía venderse a terceros compradores a precios más altos, entre US$12 y US$15 por dicha medida, lo que habría permitido financiar a todos los participantes.
Según Escobedo, esta negociación adicional no se concretó, lo que provocó que los fondos disponibles ya no alcancen para cubrir la totalidad de los proyectos. Aunque en su momento, a través del Ministerio de Finanzas se ofreció complementar los recursos para los beneficiarios restantes, recientemente se comunicó que esos fondos no serán trasladados, lo que coloca a miles de usuarios en riesgo de no recibir el pago por su carbono.
A nivel nacional, el programa reúne más de mil proyectos, individuales, comunitarios, empresariales y municipales, que representan a más de 100 mil beneficiarios. Muchos de ellos realizaron inversiones propias para cumplir con los requisitos técnicos; levantamiento de información, mediciones en campo, contratación de profesionales y conformación de expedientes. Ahora temen quedar sin los ingresos comprometidos pese a haber cumplido con todas las etapas del proceso.
Implicaciones sociales y ambientales
Escobedo enfatizó que de no completarse los pagos, comunidades rurales que dependen del manejo sostenible de sus bosques podrían enfrentar afectaciones económicas directas. También se generaría desconfianza en un mercado ambiental que apenas se está abriendo para Guatemala y que podría significar una fuente relevante de desarrollo para zonas forestales del país.
El éxito del PRE es observado a nivel internacional como un referente para futuros proyectos de servicios ambientales. Si el programa no logra cumplir con sus compromisos, podría perjudicar la credibilidad del país en el incipiente mercado global de bonos de carbono, donde una tonelada puede alcanzar precios entre US$5 y US$60 dependiendo de la calidad del proyecto.
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Alto impacto para el país
La Gremial Forestal destaca que Guatemala tiene capacidad para colocar hasta cinco millones de toneladas de carbono al año, lo que podría beneficiar a más de un millón de hectáreas y generar un impacto económico estimado entre el 1.5% y 3% del PIB a mediano plazo.
Además, este mercado ofrece un incentivo directo para la reforestación, la conservación de áreas protegidas y la reducción de actividades como la tala ilegal.
Mientras tanto, miles de usuarios permanecen a la espera de una solución que garantice el pago por los servicios ambientales que ya brindaron, un ingreso que representa no solo un beneficio económico, sino también un reconocimiento a su contribución en la mitigación del cambio climático y el manejo sostenible de los bosques.
Posturas institucionales
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Finanzas confirmó que emitirá su postura oficial el próximo lunes respecto al ofrecimiento financiero relacionado con el Programa de Reducción de Emisiones (PRE).
En el caso del Instituto Nacional de Bosques (INAB), así como de su Junta Directiva, entidades que serían las responsables de interceder ante el presidente de la República para gestionar el apoyo necesario para la continuidad del programa, no fue posible obtener comunicación este viernes; sin embargo, se continuará dando seguimiento al tema para conocer su posición institucional respecto a la problemática de fondos en mención.
