Un edificio valorado en 1 millón de dólares (alrededor de 7.6 millones de quetzales) que Roxana Baldetti entregó como pago a su entonces abogado, Mario Cano, pasará a formar parte de los bienes del Estado.
Rosa López, jueza de extinción de dominio, estableció que esta propiedad fue adquirida de manera ilegal y por ese motivo decidió despojarla. Su último propietario fue Mario Cano, el abogado que defendió a la exvicepresidenta cuando recién salió a luz el caso "La Línea".
Este edificio nunca estuvo a nombre de Roxana Baldetti, sino como uno de los bienes de la empresa llamada Valser.
Sin edificio y sin dinero
Cano pidió durante el juicio que le devolvieran alrededor de 1 millón de quetzales que pagó en impuestos para poder quedarse con la propiedad.
Sin embargo, la jueza rechazó esta petición al abogado. La jueza argumentó que ella no tenía competencia para ordenar la devolución de ese dinero y debía acudir a las instituciones que percibieron el pago en concepto de impuestos.
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Según la declaración de Juan Carlos Monzón, el exsecretario de Baldetti, este inmueble fue adquirido para construir una sede del Partido Patriota.
Este edificio está ubicado sobre la 6.ª avenida de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
