En todo el país existe solo un juzgado con el poder de quitarle propiedades a los narcotraficantes y a los corruptos. Esa judicatura es presidida por Rosa María López Yuman y Ana Isabel Guerra Jordán.
Se trata del Juzgado de Extinción de Dominio que nació en 2012 y que desde entonces ha expropiado avionetas, casas, fincas, dinero, carros y caballos adquiridos ilegalmente.
El año pasado hubo cambios en el juzgado. El primero fue la llegada de López Yuman y el segundo fue un acuerdo solicitado por las dos juezas para modificar la manera de trabajar.
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El convenio consistió en que ambas tuvieran el mismo poder. Antes, uno de los jueces era el titular y el otro era una especie de suplente, pues se encargaba del conteo del dinero incautado y conocía únicamente los casos en los que el titular era separado.
Anteriormente, estuvo a cargo de este juzgado Marco Antonio Villeda, quien actualmente es juez internacional en Honduras. El jurista guatemalteco es jefe de una misión a cargo de la Organización de los Estados Americanos, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Los bienes de Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y de narcotraficantes como Eduardo Villatoro Cano, alias "Guayo Cano", han sido algunos de los expropiados por este juzgado.
¿Quiénes son las juezas?
López Yuman fue nombrada como jueza de extinción de dominio en septiembre de 2017. El cambio en su carrera ocurrió 14 años después de permanecer en un tribunal de sentencia del ramo penal.
Hay más de un fólder en el escritorio que usa desde hace casi un año. Entre esos documentos sobresale el libro La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ese texto aborda la teoría feminista y es parte de una maestría sobre género que cursa.
"Debido al sistema patriarcal que domina al país, para una mujer el reto es mucho mayor, se tiene más expectativa cuando una es la que ejerce como jueza", dice después de preguntarle sobre su posición como mujer y funcionaria.
Para López Yuman dictar una sentencia no implica cumplir únicamente con los requisitos legales, sino emitirla después de hacer un análisis con enfoque humano . "Existe una diferencia entre la justicia y legalidad", comenta.
De las dos, Guerra Jordán es la que más experiencia tiene en esta rama. Es jueza de extinción de dominio desde que fue creado el juzgado.
Su ascenso ocurrió después de laborar durante seis años como jueza de paz, cinco de estos fueron en San José Pinula. "Yo he hecho carrera judicial, fui notificadora y también oficial", dice orgullosa mientras conversa en su despacho en el que resalta un mallete sobre su escritorio, la suerte de martillo que usan los jueces.
Guerra Jordán cuenta con una maestría en Gestión Jurisdiccional y otra casi por finalizar en Derecho Penal, además del pénsum cerrado de un doctorado en Derecho.
Abrir espacios y no callar
Guerra Jordán cuenta que antes no era común ver a juezas en el ramo penal, en el que se juzga corrupción, asesinatos y narcotráfico, sino en juzgados de paz, los que conocen delitos menores. "Vamos abriendo brecha", expresa.
López Yuman considera que es necesario que las mujeres ocupen espacios en el sector público. De esa manera cree que se puede demostrar que cuentan con las mismas capacidades que los hombres.
"Lamentablemente, todas y todos hemos sido criados en ese sistema (machista), lo naturalizamos de tal manera que no nos damos cuenta hasta qué punto ha permeado en nuestras actitudes y formas de pensar", comenta López Yuman.
Ambas juezas señalan que el acoso hacia las mujeres es común en Guatemala, pero consideran que no debe ser un motivo para abandonar su preparación académica y su carrera profesional.
¿Qué dicen de ellas?
“Las dos son excelentes juezas y cumplen los plazos establecidos en la ley”, dice personal de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, la unidad encargada de los casos que son presentados en el Juzgado de Extinción de Dominio.
Un integrante de esa fiscalía, además, recalca que existe prontitud en la emisión de sentencias en este tipo de casos a diferencia de los celebrados en el ramo penal, en el que se juzga a las personas y no a los bienes.
César Calderón, abogado conocido por defender a Otto Pérez Molina y a otros funcionarios, no tiene una crítica directa contra la labor de las juezas, pues considera que actúan siguiendo los mecanismos que “impone” la Ley de Extinción de Dominio.
El jurista, en cambio, cuestiona el procedimiento establecido por esa normativa. “Las personas primero deberían ser declaradas culpables en el ámbito penal para luego llegar al proceso de extinción de dominio”, dice el abogado.
En la actualidad, la ley permite empezar el retiro de las propiedades sin que exista una sentencia firme. “La defensa ya sabe que va a perder, los elementos que pueda aportar no tendrán valor”, afirma Calderón, luego de señalar que la fiscalía tiene más posibilidades de ganar en un proceso de extinción de dominio.
