El exmagistrado de Corte de Apelaciones, Frank Trujillo, y el exintendente de Fiscalización de la SAT, Ariel de Jesús Guerra, quienes eran requeridos por la Justicia por su participación en una red de corrupción podrán regresar a sus residencias, con la condición de que se presenten este 17 de febrero a la audiencia de primera declaración.
En una resolución que causó polémica en la sala de audiencias del juzgado B de Mayor Riesgo, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió dejar sin efecto las órdenes de captura que el viernes emitió contra Trujillo y Guerra.
Trujillo es uno de los abogados de la empresa Aceros de Guatemala y Guerra se desempeñó como intendente de fiscalización en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ambos se presentaron de manera voluntaria al juzgado este 16 de febrero, aunque en el caso del exmagistrado, fue "escoltado" por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al concluir la audiencia algunos familiares de los sindicados aplaudieron timidamente al juez, quien reiteró su decisión pese a la oposición de la Fiscalía y querellantes.
El resto de implicados de una estructura criminal que habría alterado informes y beneficiado a la empresa Aceros de Guatemala con el crédito fiscal, permanecerá en la cárcel de Mariscal Zavala.
Los abogados defensores de los implicados en el caso también denominado La Línea 2, presentaron una serie de recursos, la estrategia de la defensa fue evitar que el Ministerio Público (MP) realizara la imputación y reprodujera las interceptaciones telefónicas que evidenciarían la participación de los capturados. También plantearon un recurso de "duda de competencia" para tratar de dejar fuera al juez Gálvez, pero la solicitud fue rechazada.
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