El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, ha respondido a 14 controversias respecto al funcionamiento de la Comisión. Velásquez dirige la Comisión desde fuera del país.
En una carta dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, António Gutérres, Velásquez explica 14 temas que se han convertido en oposiciones al trabajo de la Comisión. La carta está fechada este 11 de enero.
Menciona que se han logrado identificar 60 estructuras criminales complejas y han obtenido 300 sentencias condenatorias y se han promovido 34 reformas legales.
Velásquez dice que desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder “las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado” y dice que eso es previsible ya que las estructuras “se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima”.
Velásquez escribe que aunque “la lucha contra la corrupción enfrente oposición en todas las esquinas del planeta, eso no debe frenar los esfuerzos globales para atacar este flagelo”
1. De la supuesta intervención en asuntos internos
El Comisionado menciona que el acuerdo de CICIG incluye entre sus competencias la “promoción de reformas jurídicas que prevengan la acción y reaparición de los CIACS. En el acuerdo de creación se estipula que la comisión puede recomendar la adopción de políticas públicas.
Recordó que en 2016 se inició el proceso de propuesta para la reforma del sector justicia, el que se hizo con el auspicio de los tres poderes del Estado y se creó una Secretaría Técnica conformada por instituciones nacionales como el Ministerio Público (MP), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y organismos internacionales como CICIG, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y el SNU en Guatemala representado por la Oficina de Coordinación Residente que fue designada por el presidente Jimmy Morales.
El lanzamiento se hizo el 25 de abril de 2016, dos meses después que asumiera el cargo Jimmy Morales. En ese momento se inició el proceso de consultas y diálogo con sociedad civil y en octubre de ese año en el Congreso más de 50 diputados la rubricaron.
Velásquez concluye en ese aspecto que “puede afirmarse que fue el Estado de Guatemala quién inició y pidió apoyo técnico para el proceso” el que fue ratificado en el Congreso.
El Comisionado menciona que el proceso fue “participativo, transparente y auspiciado por los poderes del Estado” agrega que por la “falta de voluntad política” se ha frenado la aprobación de algunas reformas que consolidarán la lucha contra la corrupción.
La CICIG ha participado en más de 34 propuestas de reformas legales.
2. Del supuesto allanamiento ilegal en Casa Presidencial
El Comisionado menciona en la carta a Guterres que la diligencia de allanamiento realizado en 2016 en las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) se realizó con bajo los protocolos establecidos entre el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) y que personal de la CICIG auxilia a cada equipo con uno o dos expertos y no se utiliza la fuerza.
Morales ha mencionado que esa diligencia “supuso un atentado contra la seguridad nacional”. Pero Velásquez recuerda en la misiva que el propio Jimmy Morales y el entonces portavoz presidencia Heinz Hiemann declararon a la prensa en noviembre de 2016 que el MP había confundido las direcciones y que no se había realizado ningún allanamiento.
El comisionado adjunta los videos con las declaraciones.
3. Del supuesto abuso de prisión preventiva
Iván Velásquez le dice a Guterres en la carta que “en la actualidad, menos del 40% de las personas ligadas a proceso en casos adelantados por CICIG están en prisión preventiva”.
Agrega estas cifras: la población carcelaria guatemalteca es de 23 mil 986 personas de las cuales 12 mil 612 se encuentran en condición de prisión preventiva, frente a 11 mil 374 que cumplen condena.
Con esos datos Velásquez indica “en realidad, las personas privadas de libertad relacionadas con CICIG son menos del 1.1% del total de la población carcelaria”.
De acuerdo al Comisionado el problema son las “falencias del sistema”. Ya que el Código Procesal Penal ordena que cese el encarcelamiento cuando ha transcurrido un año desde que la persona está en prisión preventiva, pero por otro lado, también establece que se puede solicitar la prórroga de la prisión preventiva lo que “en la práctica deriva en plazos prolongados de prisión preventiva”.
También se explica que existe el litigio malicioso de algunos abogados defensores que con sus acciones “posponen el avance de las causas”.
Recuerda que en noviembre de 2018 se presentó una reforma a la prisión preventiva que se elaboró junto con el MP y PDH.
4. De las conferencias de prensa
El Comisionado menciona que es el MP el que decide sobre la conveniencia de presentar los casos en conferencia de prensa. Velásquez recordó que en la administración de Thelma Aldana, las conferencias fueron en conjunto y la participación de CICIG fue de “apoyo técnico”.
Con el cambio de administración, la fiscal general, María Consuelo Porras optó porque el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad sea quien haga las conferencias de prensa y en este caso la CICIG ha apoyado con la presentación y documentos.
Velásquez justifica indicando que siempre “se ha tenido cautela en ser respetuoso al referirse a los individuos presuntamente relacionados con la imputación”.
Respecto a la presunción de inocencia menciona Velásquez que “se aplica con carácter absoluto” ya que se presentan los nombres que surgen en las investigaciones en calidad de sindicados o imputados y “nunca como culpables”.
5. Del incidente con el joven Zimeri
El Comisionado le explica a Guterres respecto a los señalamientos de violación a derechos humanos o alteración de la prueba en el caso del joven Andrés Zimeri.
Se menciona que la causa penal continúa en el MP “sin interferencia alguna”.
Respecto a los videos solicitados al lugar donde ocurrió la trifulca, Iván Velásquez menciona que se solicitaron para aplicar las medidas disciplinarias internas. Y explica que los videos originales forman parte del expediente de denuncia que presentó el joven y los cuales están en poder del MP.
6. De las transferencias de capacidades al MP
El comisionado explica a Guterres que ha sido permanente el acompañamiento en los procesos de investigación y litigio.
Velásquez menciona que se ha trabajado junto a fiscales y policías en la “persecución penal estratégica” y en los últimos once meses se han logrado avances en investigaciones relacionadas a corrupción, narcotráfico, contrabando, defraudación tributaria, extorsiones, financiamiento electoral ilícito, adopciones irregulares.
7. ¿Rinde cuentas la CICIG?
Velásquez recuerda que la Comisión se financia solo de contribuciones voluntarias de Estados miembros de Naciones Unidas y PNUD presenta informes trimestrales de la ejecución a los donantes.
El Comisionado menciona que en la página web de PNUD está disponible la información.
8. ¿CICIG actúa sin control?
Iván Velásquez dice que aunque la CICIG puede realizar investigaciones independientes, no tiene acción penal por lo que no puede presentar casos a los tribunales lo que hace exclusivamente el MP.
Respecto a su participación como querellante en los procesos, son los jueces nacionales los que resuelven si aceptan o no la participación, dice el jefe de la Comisión.
Aclara además que la CICIG no puede realizar allanamientos, capturas o interceptaciones telefónicas.
9. De la persecución selectiva
El comisionado dice que “no hay evidencia” para aseverar que las investigaciones donde participa CICIG tengan motivaciones y fines de tipo ideológico encaminadas a persecuciones selectivas.
Las investigaciones dice Velásquez, “han relacionado a personas de diferentes de toda extracción social, origen y ubicación ideológica”.
Los casos han afectado a más de mil personal que incluyen diputados de diversos partidos políticos, funcionarios de las cinco últimas administraciones, jueces, magistrados, miembros del ejército, PNC, particulares y representantes del sector privado.
10. Hay violación a la Constitución
Respecto a lo dicho por César Rincón, mandatario de CICIG, en una audiencia pública donde se refirió a la superioridad jerárquica del acuerdo de creación de la Comisión. Iván Velásquez le explica al Secretario de Naciones Unidas que el funcionario hizo referencia al artículo 46 de la Constitución.
El artículo establece que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
Los otros cuatro temas están relacionados a: la supuesta injerencia en asuntos electorales, supuesta intimidación o compra de testigos, supuestos actos terroristas de funcionarios de la Comisión y el caso Migración.
Para leer la carta completa:
La carta de Iván Velásquez 
