La Interpol de Panamá recibió la orden de detención con fines de extradición del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien la justicia de ese país procesa por un caso de escuchas telefónicas ilegales durante su Administración, informó una fuente policial.
En diciembre pasado el pleno del Supremo ordenó la detención provisional de Martinelli, quien reside en Miami (Estados Unidos), para que comparezca a una audiencia sobre las escuchas a más de 150 personas, incluidos periodistas, empresarios y opositores.
Medios locales informaron de que este viernes el juez de garantías del caso, el magistrado Jerónimo Mejía, solicitó a la Cancillería gestionar la detención con fines de extradición de Martinelli, pero portavoces de ese ministerio aseveraron que no han recibido ninguna petición, aunque no descartan que esto suceda el lunes próximo.
El jurista panameño, Ernesto Cedeño, comentó que la decisión del magistrado de enviar directamente a la Interpol una solicitud de detención del expresidente es jurídicamente válida, ya que busca que las autoridades competentes en el extranjero detengan a Martinelli para que la Cancillería inicie el proceso de traerlo al país.
Uno de los defensores del exmandatario, Carlos Carrillo, sostuvo que aunque "es lógico" que la orden de detención se haya emitido, por haberse iniciado el trámite hace casi 3 meses, una solicitud de extradición para su cliente no está justificada y contradice a la legislación panameña y sus compromisos internacionales.
"Martinelli no tiene acusación ni imputación en su contra, por lo que la extradición está pedida en base a su desacato, algo que los convenios internacionales no permiten", dijo Carrillo.
La defensa de Martinelli asegura que los procedimientos judiciales en contra del exmandatario son producto de una persecución política dirigida por el mismo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien fue vicepresidente y canciller de Martinelli.
En la actual Administración se han presentado al menos 200 denuncias por actos de corrupción en contra de funcionarios del Gobierno de Martinelli, y una treintena de funcionarios y allegados a este tienen en su contra medidas cautelares, incluida la detención.
