El presidente Alejandro Giammattei envió tres iniciativas de ley al Congreso, dos están enfocadas en el combate a la delincuencia y la tercera pretende cerrar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
Las iniciativas fueron enviadas al Organismo Legislativo y aún deben ser conocidas por el pleno del Congreso para ser enviadas a comisiones en las que se analizará su viabilidad; si reciben dictámenes favorables, las iniciativas regresarían al hemiciclo para su aprobación.
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Mareros terroristas
La primera propuesta, marcada con el registro 5692, busca modificar el Código Penal para que los mareros puedan ser considerados terroristas.
Esta iniciativa agregaría un nuevo delito en el Código Penal, denominado "Terrorismo con fines de desorden público" y sería cometido por quienes atenten "contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas" o atenten contra la seguridad ciudadana.
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Este nuevo delito sería castigado con prisión de seis a doce años inconmutables. Los jefes de estas estructuras tendrían un incremento en su pena, correspondiente a un tercio de la condena. En la propuesta se establece que "por ninguna causa" los responsables de este delito tendrían rebaja en su pena.
En 2017, Giammattei llevó esta propuesta al Congreso. Debido a que en ese momento era como cualquier otro ciudadano no tenía iniciativa de ley, por lo que el proyecto fue adoptado por el entonces diputado Raúl Romero, quien actualmente es ministro de Desarrollo Social. La propuesta tuvo pocos avances y no ha sido aprobada.
Disparar en defensa propia
La iniciativa 5693 busca reformar el artículo 24 del Código Penal que se refiere a la legítima defensa.
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Actualmente la ley justifica disparar o agredir a quien entre o pretenda ingresar a una vivienda con una actitud que denote peligro para los ocupantes del inmueble.
La propuesta pretende que cualquier persona pueda defenderse en sus vehículos o transporte público y también contempla que cualquier ciudadano pueda defender a otra persona que esté en peligro.
En la reforma se plantea que los miembros de las fuerzas de seguridad también puedan alegar "estado de necesidad" para que no sean imputados penalmente por defender a la población.
Cerrar la SAAS
La iniciativa 5694 disolvería la SAAS. La propuesta crearía una comisión de liquidación que tendría un año para cerrar la institución que se encarga de proteger al presidente, vicepresidente y sus familias.
Esta comisión estaría facultada para evaluar la viabilidad de reubicar al personal en otras instituciones, de no ser así también podría destituirlos en definitiva.
