Fitch Ratings, una de las firmas calificadoras más importantes a nivel internacional, emitió su puntuación para Guatemala.
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La firma calificadora Fitch Ratings emitió un comunicado en el cual destalla los pormenores de la evaluación de país que realizó recientemente, y afirmó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera de largo plazo de Guatemala en "BB" con perspectiva estable.
Esta calificación supone una ventana de oportunidades para el país y el aumento, o cuando menos, sostenimiento de la inversión extranjera.
En la primera semana de febrero, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, se refirió al panorama que Guatemala presentaría con la evaluación de las firmas calificadoras hacen del país acerca de su desempeño económico, la calificación llegó este 13 de febrero con la afirmación de la firma Fitch que calificó a Guatemala con una economía estable.
Factores que determinaron la calificación
Según Fitch Rating, entre los factores que determinaron esta calificación están las Fortalezas y debilidades crediticias: "La calificación 'BB' de Guatemala está respaldada por un historial de estabilidad macroeconómica, políticas fiscales conservadoras que han resultado en un bajo endeudamiento gubernamental y una sólida liquidez externa".
El comentario valora el equilibrio que Guatemala ha alcanzado con estas fortalezas con una baja relación ingresos/PIB que limita la flexibilidad fiscal, indicadores de gobernabilidad y desarrollo humano que se comparan desfavorablemente con los de sus pares de la categoría "BB", y un estancamiento político que limita la capacidad del soberano para abordar estas debilidades.
Gobernanza: El cambio de mandato presidencial, a decir de Fitch, fue otro factor importante, y según explica que con la llegada del presidente Bernardo Arévalo posicionado como un candidato anticorrupción de centro izquierda, dio claridad al descontento público en medio de altos niveles de corrupción percibida.
El gobierno actual, como se lee en el comunicado, enfrentan un panorama desafiante de gobernabilidad. "Su éxito a la hora de avanzar en su agenda legislativa depende de su capacidad para gestionar dinámicas complejas y fluidas en el Congreso. Arévalo puede priorizar la vía ejecutiva para cumplir las promesas de la campaña anticorrupción", detalla el documento.
Deterioro de los indicadores de gobernanza: Las puntuaciones de gobernanza cayeron del percentil 31 en 2010 al 25 en 2023, muy por debajo de la mediana de sus pares de 47. Arévalo se centra en abordar estas debilidades, pero el progreso concreto podría enfrentar desafíos debido a intereses creados y la fragmentación del Congreso.
Su gobierno, detalla Fitch, se ha beneficiado del apoyo de Estados Unidos, a través de restricciones de visas contra sus detractores y actores implicados en corrupción, aunque esto pone de relieve algunos riesgos para la dinámica política interna derivados de un posible cambio en la administración estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2024.
Continuidad de la política fiscal: En 2023, el déficit fiscal del Gobierno Central (GC) cayó al 1.3% del PIB estimado por Fitch, desde el 1.7% en 2022.
Los ingresos fiscales en relación con el PIB se mantuvieron estables en el 12.6% a pesar de los menores precios de las materias primas que redujeron los impuestos a las importaciones, en gran medida. Destacando la consolidación de la reciente mejora administrativa en cobranzas. Los gastos cayeron al 13.9% del PIB (14.4% en 2022) debido a una desaceleración de los bienes y servicios y de las transferencias después de las elecciones presidenciales. En 2024, el gobierno continuará operando bajo el presupuesto de 2023 porque el presupuesto de 2024 que fue aprobado por el Congreso fue suspendido debido a irregularidades de procedimiento. Las autoridades planean proponer una revisión presupuestaria para dejar espacio a algunos de sus planes de gasto, pero las perspectivas al respecto no están claras. Dadas las limitaciones del presupuesto actual, proyectamos un déficit del GC del 1.0% del PIB.
Después de 2024, proyectamos déficits fiscales del GC del 2.3% del PIB a medida que Arévalo cumpla con sus prioridades de mayor gasto social e inversión pública, que se planea financiar principalmente a través de mejoras administrativas en la recaudación de impuestos y solo un pequeño aumento en el endeudamiento.
La deuda externa cubre las necesidades de financiamiento: A diferencia del pasado, Guatemala dependió en gran medida de la deuda externa para satisfacer sus necesidades de financiamiento en 2023 en medio de un estancamiento legislativo que retrasó los desembolsos multilaterales y el aumento de los rendimientos en moneda local debido al endurecimiento de la política monetaria interna.
Para 2025, Fitch espera que los déficits fiscales en lento aumento lleven la deuda del gobierno general (GG) (consolidando las tenencias del instituto de seguridad social) al 26.4%, por debajo del promedio de sus pares "BB" del 52.2%. Sin embargo, es probable que el interés/ingresos de GG del 9.0% esté más en línea con el promedio "BB" del 9.6%.
Perspectivas para 2025
Según la comunicación de Fitch Ratings, la administración actual de Gobierno espera aumentar los ingresos tributarios en 0.6 puntos porcentuales hasta el 12.4% para 2025, a través de mayores esfuerzos para combatir la evasión (por ejemplo, controles más estrictos en aduanas, facturación digital) que ya han generado 1.1 puntos porcentuales desde 2018.
"Fitch proyecta un impuesto estable sobre el PIB del 11.7%; ya que es difícil determinar cuántos beneficios adicionales pueden producir estos esfuerzos. Los planes de Arévalo probablemente también serán recibidos con un fuerte conservadurismo fiscal por parte del establishment político".
En 2024, esperamos que el déficit se financie mediante deuda interna y multilateral y mediante emisiones de eurobonos, pero la combinación podría ser sensible a las tasas relativas y a las aprobaciones de préstamos del Congreso. Fitch no espera que los tribunales levanten la suspensión del presupuesto de 2024, pero si esto ocurriera, podría plantear un desafío financiero, ya que incluye una disposición que requiere que el gobierno obtenga la aprobación del Congreso para refinanciar bonos.
