Un documento revelado en una investigación publicada por el diario El Español muestra la estrategia de "financiación internacional" planeada por el excomisario español, Ricardo Villarrejo, con el objetivo de frenar la causa abierta en Latinoamérica a su cliente.
Villarejo intentó buscar el apoyo del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para que frenara la causa abierta en el país latinoamericano contra el empresario español Ángel Pérez-Maura.
"Para resolver este conflicto judicial, hay dos personas clave: Nineth Montenegro (en la bancada de Encuentro por Guatemala) y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana", dice en el escrito.
La diputada Montenegro indicó que los ahora capturados la buscaron para "relajar la persecución penal contra el empresario español", pero no cedió.
Pérez-Maura es acusado junto a varios de sus colaboradores de sobornar con más de 24 millones de dólares al anterior Gobierno guatemalteco para conseguir que le facilitasen la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal. Para acercarse al presidente, Villarejo valoró realizar una "inversión estratégica" en una fundación llamada Konrad Adenauer.
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Financiamiento de proyectos
Además, el mando policial habría planeado una estrategia que consistía en "financiar proyectos" también a la oposición del presidente, y en concreto al partido denunciante de los presuntos sobornos ocurridos en la operación portuaria, llamado Acción Ciudadana.
El diario El Español tuvo acceso a un documento, fechado en abril de 2016, que se encontraba en una de las carpetas de trabajo de las empresas de Villarejo y que dejaba constancia de la estrategia a seguir tanto para frenar la extradición de Pérez-Maura como para relajar la investigación en Guatemala.
El análisis recomienda una "defensa desde la izquierda dividida en dos fases". La primera pasaba por trabajar en España y Guatemala para impedir la extradición.
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"Basada en anular la causa, la imputación en Guatemala a través de que la defienda Rafael Maldonado (CALAS) y que se apoye la bancada de la izquierda a través de un coste, el apoyo a proyectos de Acción Popular (en realidad se refiere al grupo Acción Ciudadana) la acusación popular que ha judicializado esta concesión".
La segunda fase, a desarrollar "en Guatemala", consistía en lograr que no se anulara la adjudicación investigada, la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, "o que, en caso de producirse un nuevo concurso, este termine adjudicado también a Maersk".
Este era uno de los aspectos claves desde el punto de vista extrajudicial, ya que la filial en Guatemala de la empresa de Pérez-Maura había vendido su concesión a un tercero: la multinacional danesa del negocio de la logística y el transporte de mercancías Maersk.
En el documento se recomienda a Pérez-Maura y sus abogados un cambio de estrategia. Durante meses, sus esfuerzos se habrían centrado en debilitar los informes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Pero eso había generado el efecto contrario: se había maximizado el apoyo internacional sobre los fiscales del caso.
En la publicación no se confirma si finalmente la estrategia se cumplió y si lograron llegar a Morales, esto todavía lo investiga la Fiscalía española.
*Con información de ElEspañol
