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Eva Sosa y Leily Santizo ligadas a proceso y con arresto domiciliar

  • Por Evelyn De León
07 de marzo de 2022, 16:24
Eva Sosa y Leily Santizo durante uno de los traslados a tribunales. (Foto: archivo) 

Eva Sosa y Leily Santizo durante uno de los traslados a tribunales. (Foto: archivo) 

La exfiscal Eva Sosa y la antigua mandataria de la CICIG, Leily Santizo quedaron ligadas a proceso penal y se les concedió medidas sustitutivas, por lo que recuperarán la libertad. 

ADEMÁS: Exmandataria de CICIG dice que su captura es una "represalia"

La audiencia de primera declaración en contra de Eva Sosa y Leily Santizo terminó con la resolución de ligarlas a proceso penal por colusión y no por obstrucción a la justicia como pretendía el Ministerio Público (MP). 

Además, se les otorgó el arresto domiciliar y el pago de una caución económica de Q10 mil.  También se les prohibió salir del país y comunicarse con otras personas que estén siendo investigadas. 

Del delito 

La colusión se refiere a un delito menos grave que la obstrucción a la justicia y que se describe como un pacto ilícito empleado para diversas acciones que describe el Código Penal de Guatemala, entre ellas provocar resoluciones que perjudiquen derechos o evite la comparecencia de un tercero. 

En cambio la obstrucción de justicia se tipifica en la Ley contra la Delincuencia Organizada y se le considera de alto impacto. 

El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Geisler Pérez, logró concluir la audiencia, luego de excusarse por diversos motivos. 

Santizo habla 

La exmandataria de CICIG, al salir de la audiencia, expresó "nos ligaron por un delito menos grave y nos otorgaron medidas sustitutivas para que nos podamos defender en libertad". 

"Lo más importante es que no obstaculizamos la justicia, que ese tipo penal era incorrecto e inadecuado y ahora nos vamos a defender por un delito menos grave como colusión", dijo Santizo. 

La sindicación del MP se refiere a acciones que realizó Leily Santizo en su calidad de abogada defensora de Siomara Sosa. Esto en un caso donde la fiscalía pretende perseguir penalmente a Sosa por supuestas irregularidades en su actuar como fiscal en una investigación. 

El MP tiene plazo de cuatro meses para terminar la investigación. 

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