La CIDH se refirió a la detención de la exmandataria de la CICIG Claudia González e hizo una petición al Gobierno de Guatemala.
EN CONTEXTO: MP se pronuncia sobre allanamientos por caso contra Juan Francisco Sandoval
Poco más de 24 horas han pasado desde que el Ministerio Público (MP) desarrolló varios allanamientos para fortalecer la investigación por el caso "Persecución Penal Ilegal", que involucra a varios exfiscales de esa entidad.
Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos y tenían como objetivo ejecutar órdenes de captura contra dos exmiembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI): Juan Fancisco Sandoval y Eva Siomara Sosa.
También se buscaba la aprehensión de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia González Orellana, la única a quien se ubicó.
Este martes 29 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre estos hechos. El ente condenó el actuar del MP, especialmente por la detención de González, a quien describe como "representante legal de personas operadoras de justicia criminalizadas por trabajar contra la impunidad y la corrupción".
Cabe recordar que la exmandataria de la CICIG actualmente es la abogada de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quien permanece fuera del país.
Por medio de las redes sociales, la CIDH evidenció su postura contra el MP e hizo esta solicitud al Gobierno de Guatemala:
"La CIDH urge al Gobierno poner fin al uso indebido del derecho penal en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público, que debilita el Estado de derecho en Guatemala", manifestó la entidad.
Las acusaciones
El MP informó el lunes 28 de agosto que a Sandoval, Sosa y González se les señala de abuso de autoridad, por "permitir actos ilegales en perjuicio de la administración pública y de otro funcionario público, específicamente de la abogada Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".
Según la institución, el caso "Persecución Penal Ilegal" se inició tras determinar que los entonces funcionarios de la FECI efectuaron diligencias contra Stalling sin antes recibir una denuncia ni ejecutar el respectivo proceso de levantamiento de antejuicio.
Estas acciones datan de febrero de 2017, cuando se capturó a la magistrada en la zona 9. Según un caso presentado por la FECI y CICIG en aquel entonces, Stalling pretendió influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para realizar el juicio en contra de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
