Guatemala pasó de tener la primera superred de carreteras de la historia, descubierta en el yacimiento maya de El Mirador, a tener una red vial estancada y destruida. ¿Cómo se ha llegado a ese deterioro? La corrupción y la falta de inversión pública en infraestructura son dos de las principales causas.
En los últimos cinco años, la red vial del país se ha estancado en 16 mil 457 kilómetros divididos en rutas pavimentadas y de terracería. Ante esa situación y en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2017), enfocado este año en el problema en infraestructura, surge la propuesta del sector privado de cambiar el paradigma.
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Dentro de la iniciativa, uno de los principales cambios propuestos incide en la creación de una institución autónoma que separe la parte política de la parte técnica del proceso de construcción y reparación de las carreteras. "La idea es replicar en infraestructura vial el modelo implementado en el sector eléctrico", comparó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa (Fundación para el Desarrollo de Guatemala).
De esta forma, se estarían diferenciando funciones entre un ente rector, uno administrador y otro regulador; es decir, el que genere las licitaciones sería diferente a quien impone las sanciones. "Lo que vemos hoy es que el Ministerio de Comunicaciones no puede sancionarse a sí mismo, es juez y parte", explicó.
Zapata también comentó que otra diferencia será que el Estado pasaría a contratar al proveedor de un servicio y sería esa empresa contratada la responsable de negociar con cada uno de los contratistas y proveedores. Además, defendió que para que el modelo funcione el servicio tiene que integrar el mantenimiento de la obra.
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Otros temas que aborda la propuesta son la discusión sobre el tema del derecho de vía, con el que se espera aumentar la certeza para evaluar los terrenos que se van a adquirir y para que el Estado pague al privado con un valor de mercado; y la revisión de algunas leyes, como la Ley de Compras y Contrataciones o la ley que dé certeza al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta aún no está terminada y se espera tener un primer borrador para finales de este mes para que se empiece a socializar. "Tenemos una oportunidad antes de que termine el año, porque si no al próximo se va a centrar en la elección de fiscal general y luego llega el año preelectoral".
Entre las mayores dificultades que se han encontrado es aunar el marco normativo que contempla 44 cuerpos legales y 441 disposiciones vigentes y que en algunos casos se contradicen.
Un modelo para la corrupción
Zapata argumentó que el modelo actual tiene el "incentivo perverso para generar corrupción" porque la persona solo está contratada para construir, entonces el incentivo va a ser hacer la carretera de menor calidad.
"No podemos esperar, como en el sistema electoral, que entren las mejores personas al Gobierno con la iniciativa actual, no podemos esperar que sean las personas más probas las que están construyendo ni los funcionarios más probos los que están dentro del Ministerio si el sistema está fomentando la corrupción porque el incentivo es perverso", indicó el director de Fundesa.
Según los índices internacionales, si una carretera tiene problemas en 10 años, hubo corrupción. En Guatemala tienen una vida útil de 3 años.
Además, la reparación aumenta su costo con el paso del tiempo. Actualmente, para reparar la red vial pavimentada, el Estado deberá invertir más de 650 millones de dólares.
Un problema común
En Guatemala hay muchos problemas que dividen a la población, pero el descontento social por la infraestructura une a todos los sectores sin importar la etnia ni la clase social.
"Esto genera brechas a nivel social muy importantes, los costos muchas veces tienen hasta un 80% de sobreprecio", lamentó Zapata haciendo referencia también a que el mal estado de las carreteras provoca la pérdida del 30% de los vegetales del altiplano.
Es por ello que el ENADE 2017 también servirá para ver lo que han hecho en otros países con los casos de éxito que presentarán el expresidente de México, Vicente Fox; el economista autor del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Xavier Sala-i-Martín, y Gonzalo Koncke, jefe del Gabinete del Secretario General del Organismo de Estados Americanos, en materia anticorrupción.
