El Ejército designó al coronel Juan Chiroy, acusado por la masacre en la Cumbre de Alaska, Totonicapán, en un nuevo puesto dentro de la institución tras salir de prisión y recibir medidas sustitutivas.
Se trata del cargo de Inspector de Apresto, el cual ocupa desde el 20 de junio, hace cuatro días. "El coronel Chiroy está en una tarea eminentemente administrativa", dijo el coronel y vocero del Ejército, Oscar Pérez Figueroa.
El Inspector de Apresto se encarga de determinar si las distintas unidades están preparadas para ejecutar las actividades que tienen designadas, de acuerdo con Pérez Figueroa.
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Al cuestionarle si el enfrentar un caso judicial por ejecuciones extrajudiciales no era motivo para excluirlo de cualquier nombramiento en el Ejército, Pérez Figueroa contestó con otra pregunta: "¿Es justo que lo hayan tenido siete años preso por presunción?".
Chiroy fue liberado hace tres meses luego de pasar en la cárcel seis años y cinco meses en prisión preventiva debido a distintos recursos legales que han evitado el avance del caso judicial.
Hasta el momento, el coronel no ha sido declarado inocente o culpable, pues todavía no se celebra el juicio en contra de él y ocho militares implicados en esta masacre en la que murieron seis personas y 22 resultaron heridas en el 2012.
"En el Ejército no hay ningún de conflicto intereses con alguien que esté sujeto a un proceso administrativo o de otra naturaleza, es un derecho humano el que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario", dijo el coronel Pérez Figueroa.
Chiroy pasa sus días dentro de la Brigada Mariscal Zavala. Pérez Figueroa aclaró que no dentro del cárcel habilitada en este lugar, sino en otra área donde se encuentra la dependencia para la que ahora labora.
Los otros ocho militares implicados en este caso también se encuentran laborando en puestos administrativos dentro de la Guardia de Honor del Ejército.
El caso
Chiroy y los ocho militares llegaron, el 4 de octubre de 2012, al kilómetro 170 de la Ruta Interamericana, como grupo táctico para apoyar a la Policía Nacional Civil y controlar una manifestación que impedía el paso en la carretera.
Según la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, los militares accionaron sus armas contra los manifestantes, lo que significó la muerte de seis de ellos.
Hasta el momento existen recursos legales que buscan evitar que enfrenten el juicio por ejecuciones extrajudiciales como lo estableció una sala de apelaciones, sino por otro delito.
