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Buscan instalar cámaras en los buses para evitar asaltos y extorsiones

  • Por José Miguel Castañeda
22 de agosto de 2020, 15:08
La iniciativa fue presentada en 2016 y hasta este 2020, los diputados le dieron dictamen favorable con algunas modificaciones. (Imagen con fines ilustrativos. Foto: Shutterstock)

La iniciativa fue presentada en 2016 y hasta este 2020, los diputados le dieron dictamen favorable con algunas modificaciones. (Imagen con fines ilustrativos. Foto: Shutterstock)

La Comisión de Gobernación del Congreso dio dictamen favorable este miércoles 19 de agosto a una iniciativa de ley con la que se busca instalar cámaras de videovigilancia dentro de los buses urbanos, extraurbanos y de turismo.

La propuesta fue presentada en abril de 2016 por el diputado Selvin García, pero no había tenido avances desde que fue leída por el Pleno y enviada a comisión en mayo de ese año.

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Con el dictamen favorable, la propuesta pasará a ser discutida en el pleno del Congreso para su aprobación y podría aprobarse en tres lecturas o de urgencia nacional, dependiendo de las discusiones en el hemiciclo.

Detalles de la iniciativa

El jefe de la bancada Semilla e integrante de la Comisión de Gobernación, Bernardo Arévalo, señaló que uno de los principales cambios que hicieron en el dictamen es que las grabaciones tendrían que estar almacenadas durante al menos 60 días, y no 15 como detalló la propuesta original.

Además, esta sala de trabajo cambió el texto de la propuesta para que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) también puedan acceder a las grabaciones para investigar casos y no solo a los juzgados, como se planteaba originalmente.

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"Va a haber un registro de los delincuentes para que los crímenes no queden impunes en Guatemala", señaló el presidente de esta sala de trabajo, Sergio Arana.

De acuerdo con la propuesta, el costo de los equipos de grabación sería cubierto por los transportistas, quienes tendrían tres meses, desde la vigencia de la ley, para instalar las cámaras.

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En caso de que los transportistas no instalen el equipo, la Dirección General de Transporte (DGT) podrá cancelarles la tarjeta de operaciones y, si el equipo no funciona, la DGT podrá imponer multas de 20 mil quetzales.

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