Sin ninguna oposición en el pleno del Congreso, los diputados empezarán el 2025 ganando Q52,000.
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La última oportunidad para que los diputados dieran marcha atrás al aumento salarial y la indemnización que se recetaron a finales de noviembre pasó sin pena ni gloria en el Congreso de la República.
La última sesión de este año se desarrolló este jueves 12 de diciembre, en menos de 16 minutos y con un quórum que no alcanzó ni siquiera los 50 legisladores presentes.
Solo se leyó una iniciativa y es la que propone que los congresistas ya no gocen de un seguro médico privado, sino que se adscriban al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero apenas avanzó en primera lectura.
Con ello, los parlamentarios se van de descanso y regresarán en 2025, con un sueldo de Q51,939, lo mismo que gana un magistrado de apelaciones.
El Acuerdo 31-2024, en el cual se oficializan tales beneficios se publicó el pasado 9 de diciembre, y, aunque varios diputados, incluidos los oficialistas, dijeron que promoverían acciones para que el incremento salarial no se concretara, ninguno lo propuso ante el pleno.
Nery Ramos, presidente del Legislativo, tampoco quiso referirse al tema. Contrario a lo que suele ocurrir cada vez que finaliza una plenaria, el parlamentario informó que no daría declaraciones.
Críticas no hacen mella
Desde la medianoche del 26 de noviembre, cuando dispusieron subirse el sueldo, los padres de la patria han recibido todo tipo de críticas y señalamientos, aunados a los que ya había en su contra por la aprobación de leyes que distintos sectores han calificado como favorecedoras a la corrupción.
No solo la población ha externado su indignación por el tema, sino que algunos partidos han sancionado a sus integrantes por avalar los beneficios económicos en su favor; además, hay dos amparos pendientes de resolverse en la Corte de Constitucionalidad (CC). Pero nada de eso ha tenido impacto.
El acuerdo que les otorga la mejora salarial y la indemnización al terminar su período ya está vigente y Ramos dijo, desde el pasado 26 de noviembre, que el pleno es la autoridad superior del Congreso, por lo cual se acataría su orden.
Ahora, la única instancia que podría restar los beneficios a los legisladores es la CC, mediante la resolución de las acciones legales presentadas por la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y la organización Acción Ciudadana.
