Los gritos y los golpes a las paredes no bastaron para que las autoridades permitieran salir a 56 menores que permanecían encerradas en una habitación que se llenaba de fuego. Fue hasta nueve minutos despúes que el salón fue abierto, solo para encontrar 19 cadáveres y 37 adolescentes graves, según determinó el Ministerio Público tras una investigación de la tragedia ocurrida el 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Motivadas por el maltrato y el rechazo a prostituirse, un grupo de internas de uno de los cinco sectores del Hogar que albergaba a menores en situación de vulnerabilidad intentó fugarse el 7 de marzo.
Ese martes a las 13:33 horas, cuando estaba por terminar el período de almuerzo, se registró una pelea en el comedor. Mientras los monitores se distrajeron por el conflicto, un grupo de niñas escaló el muro que colinda con el sector donde permanecías los jóvenes de entre 13 y 18 años para invitarlos a que se unieran a la fuga.
Tres minutos después, decenas de menores abandonaron el centro de cuidado estatal por la puerta de ingreso peatonal y emprendieran su huída hacia el centro de San José Pinula o cualquier lugar que les permitiera ocultarse.
A los veinte minutos de la fuga, el director del Hogar, Santos Torres Ramírez, llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que apoyara la búsquedan de los jóvenes. A las 16:06 horas, los agentes regresaron con un primer grupo de fugados.
Para las 16:18 horas, la mayoría de los jóvenes que pretendían la libertad habían sido devueltos al Hogar Seguro. Al lugar llegó el secretario y la subsecretaria de Bienestar Social, Carlos Rodas y Anahí Keller, respectivamente, y la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PHD), Gloria Castro.
Los menores no querían volver al Hogar y aprovecharon la cobertura mediática para denunciar las condiciones en las que permanecían. Así también, Torres consideraba que ellos solo podían regresar si un juez lo ordenaba porque habían abandonado el proceso de protección.
La discusión, a la que también se unió personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), abarcó el resto de la tarde y parte de la noche, hasta las 21:15 horas cuando llegó un equipo antidisturbios por orden del jefe de Operaciones de la Comisaría 13, Luis Armando Pérez, con el propósito de someter a los adolescentes.
Siete horas después de discutir, con la intermediación de la PDH, autoridades de la PGN y de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) firmaron a las 23:15 horas, un acta en la que se acuerda el reingreso de los fugados, pero bajo el control de la PNC. Es entonces que los delegados de la Defensoría de la Niñez, entre ellos Castro, se retiran.
Por su parte, Harold Flores, procurador General de la Niñez, quien llegó al Hogar hasta las 22:09 horas, y Pérez se encargaron de la búsqueda de los espacios para ingresar a los jóvenes. Finalmente, a las 2:30 horas del 8 de marzo, 52 niños fueron ubicados en el auditórium y 56 niñas, entre ellas una embarazada, en un salón de clase de 47 metros cuadrados.
A las tres de la mañana, agentes de la Comisaría 11 relevaron a los de la Comisaría 13. En el segundo turno figura la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín Carrillo, a quién se le asigna la llave del salón en el que estaban encerradas las jóvenes.
En la habitación, diseñada para albergar a no más de 26 personas sentadas, las menores empiezan a desesperarse pues no se les permite ni salir por sus necesidades fisiológicas. A las 9:01 horas, una de las jóvenes decide prender fuego a una colchoneta para llamar la atención de quiénes las mantenían retenidas.
No pasaron tres minutos para que los gritos de desesperación y el olor a quemado inundaran las instalaciones. Sin embargo, pese a que la encargada de la llave estaba al frente de la habitación, fue hasta las 9:10 horas que decidió abrir. Ya era tarde, la toxicidad de los materiales de las colchonetas, hizo que 19 adolescentes murieran en el lugar.
Treinta y siete menores fueron llevadas por socorristas a hospitales, pero las quemaduras eran graves por lo que en cuestión de horas, 22 más se unieron a la lista de decesos. Solo 15 sobrevivieron con cicatrices que las acompañarán toda la vida.
Esta tragedia ameritó que cinco personas, entre ellas Castro, Flores, Pérez, Marroquín y la jefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato, Brenda Chamám Pacay, fueran capturadas este 12 de junio por incumplimiento de deberes y homicidio culposo, entre otros delitos.
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