El contrabando es uno de los grandes problemas que afecta la economía de Latinoamérica, donde se calcula que representa hasta el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pérdidas que en Sudamérica alcanzan hasta los 80 mil millones de dólares y en Guatemala, según los empresarios, más de 2 mil millones de dólares anuales.
Sin embargo, los países más afectados no se quedaron de brazos cruzados. Durante dos días, más de 140 personas que representan a diez naciones de Latinoamérica sostuvieron una reunión en la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC).
Durante las reuniones, en las que participó la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, así como Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Administración Tributaria, y empresarios de Guatemala y Colombia, se discutió no solo el problema sino las posibles soluciones.
Entre los países que participaron se encuentran Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala, entre otros.
Sectores afectados
De acuerdo con las conclusiones de ALAC, los sectores más afectados son los productores de cigarrillos, licores, medicamentos, bebidas, alimentos, acero, textiles y combustibles. Cada uno de ellos determinó realizar en sus países diagnósticos de zonas francas, transparentar los métodos de las aduanas, nuevas tecnologías en etiquetado, entre otros.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala, explicó que la ALAC se convirtió en una plataforma de colaboración público-privado. "Cada vez más se van sumando más sectores afectados, así como más instituciones de los Gobiernos de toda la región", indicó.
"La Línea" en Guatemala
El contrabando no terminó con el caso La Línea, en el que se vieron involucrados altos funcionarios del Estado, como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Pese a que fue un duro golpe contra las estructuras criminales, no sirvió para reducir el comercio ilícito y las estructuras criminales continúan operando de manera similar dos años después.
Esta situación tiene en alerta a las diferentes instituciones que se encargan de combatir este problema. Una de ellas es el MP que, a través de su subsecretaria, Ana Elena Guzmán, anunció que tienen investigaciones en las que se establece que algunos contenedores que llegan a los pasos aduaneros subvaloran la mercancía y evaden los impuestos correspondientes.
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Pero ese no es el único método. Otras caras del contrabando son la falsificación de documentos, importación de mercadería camuflada en otras importaciones legales o directamente cruces fronterizos sin presencia del Estado.
El problema se agravó debido a los 128 puntos ciegos y 11 cruces fluviales no controlados que se registran en el país.
Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, recordó que a partir del 2013 la variación interanual de la recaudación comenzó a decaer y que esas cifras se mantienen similares en la actualidad.
"Cuando se detuvo La Línea se creyó que cambiaría, sin embargo se ha mantenido en la actual administración", apuntó.
Medina aclaró que el hecho de que no se haya visto un cambio radical no significa que "las autoridades actuales estén metidas".
Los daños del contrabando
Medina señaló que no hay mediciones claras del tamaño del negocio del contrabando en Guatemala y mencionó un reciente estudio que publicó la Asociación de Estudios Sociológicos sobre el contrabando en Centroamérica que sirve como base y que refleja que el comercio ilícito en territorio guatemalteco supera los 14 millones de quetzales (equivalente al 3.6% del PIB).
Entre las mercancías más comercializadas en el mercado ilegal aparecen los granos básicos, textiles y zapatos, medicinas, productos avícolas, combustibles, bebidas y cigarrillos.
La jefa del MP, Thelma Aldana, lamentó esta situación que afecta a la hacienda pública. Además detalló durante un evento regional sobre el contrabando, que entre otros efectos, este provoca pérdida de empleo, el aumento de la informalidad, bajos ingresos tributarios y fomenta la corrupción.
"Al final los más perjudicados son los sectores más pobres porque esos tributos no se usan para mejorar la salud, la educación, la infraestructura", comentó.
Redoble de esfuerzos
El MP acumula desde el 2016 aproximadamente 400 denuncias respecto a delitos relacionados con el contrabando y la defraudación aduanera. Sin embargo, Aldana señaló que se debe redoblar el esfuerzo para controlar las fronteras con acciones como el Plan Fortaleza que incluye al Ministerio de Gobernación, de Defensa y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La segunda fase de este plan comenzó esta semana y ya se han registrado las primeras capturas. Del mismo modo, el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, denunció que también se registraron las primeras amenazas de parte de pobladores del área de La Democracia, en Huehuetenango, donde se está trabajando.
"Sabemos que es un área conflictiva donde operan muchas organizaciones, sin embargo estamos trabajando para continuar con nuestra presencia", señaló.
En ese sentido, Solórzano Foppa defendió que pese a que el contrabando es difícil de erradicar, "hay que reducir sus efectos al mínimo".
"Lo que tenemos que hacer es reducirlo a tasas marginales y así conseguir que el contrabando salga tan caro que apuesten por el comercio formal", propuso.
