Guatemala es un país joven, con una de las medias de edad más bajas del planeta. Se estima que casi 5 millones de guatemaltecos están en el rango de edad entre los 15 y 30 años, según las últimas cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Pese a ser un grupo mayoritario, los jóvenes de Guatemala no cuentan con un marco legal que los proteja y la Comisión Nacional de la Juventud (Conjuve) es su único respaldo público.
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La institución nació en 1997, durante la administración de Álvaro Arzú, para viabilizar la participación de los jóvenes en el desarrollo del país y atendiendo a un llamado para coordinar políticas integrales en favor de este segmento de la población. Sin embargo, no cuenta con grandes avances y ni siquiera ha sido capaz de promover la Ley de la Juventud.
La administración actual está a cargo de Édgar Chin, excandidato a diputado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN), quien ha visto cómo en un año la institución ha duplicado su presupuesto de 7 millones a 15 millones de quetzales, pero sin presentar grandes cambios.
Una de las principales razones es porque cerca de la mitad del dinero asignado, 6.6 millones de quetzales, se usa para pagar los salarios de 115 personas que trabajan en la institución. En el caso del director ejecutivo, de 24 años, recibe un salario mensual de 24 mil 125 quetzales.
Otros 4 millones se usan para gastos no personales (pago de servicios, internet y agua entre otros) y los restantes 3.6 millones sirven como inversión física.
"Por ejemplo, los 530 mil quetzales que usamos para el programa Rutas U para abonar a los transportistas van en el renglón de gastos no personales", aclaró el titular de la institución.
Otros programas iniciados en su administración son las bibliotecas virtuales o la tarjeta joven, que se presentará próximamente y que cuenta con convenios con 20 empresas para que sea gratuita y ofrezca descuentos en todo el país.
Los cuestionamientos históricos señalan a Conjuve como una institución creada para favorecer el clientelismo y el pago de favores. Chin dice que no: "Un equipo jurídico supervisa la empresa con la que se firma el convenio y comprueba que tenga toda la papelería en regla".
Pero, ¿esto es suficiente para apoyar a los jóvenes en otros problemas como el acceso al mercado laboral, evitar la migración o protegerlos de la violencia, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que la población juvenil aumente hasta 5.7 millones de guatemaltecos en los próximos diez años?
De comisión a secretaría
Una de las propuestas de la última iniciativa para aprobar la Ley de Juventud era convertir a Conjuve en una secretaría. De esta forma, según Luz García, miembro de la asociación juvenil Voz del Cambio, integrante del Frente Nacional de Juventud, se fortalecería la institucionalidad y sería más independiente de los intereses políticos.
"Entregar siete computadoras en un municipio de Retalhuleu no resuelve el problema", opinó.
No se han planteado grandes proyectos, dice, y los que se están realizando son sin un estudio previo para atender a los municipios que realmente lo necesitan.
"Falta un estudio de las necesidades de la población juvenil", añadió.
García defendió la independencia que tendría como secretaría, aunque eso supondría que se quintuplicara su presupuesto.
No obstante, esta iniciativa se quedó estancada en el pleno del Congreso en segunda lectura. "A los diputados no les interesa aprobarla".
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Además criticó la labor del presidente de la Comisión de Juventud, Juan Manuel Giordano, como uno de los responsables de que la juventud nacional no cuente con un respaldo jurídico.
"Siempre hay comunicación, pero desde que está Giordano ahí no hay mayor avance", lamentó.
García señaló que la iniciativa se catalogó como que pedía la legalidad del aborto y la educación sexual en las escuelas y que se dio prioridad a ciertos sectores religiosos. No obstante, consideró que se puede encontrar que la iniciativa pase con modificaciones consensuadas.
A la sombra del clientelismo
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opinó que la institución tiene buenas bases legales, pero que "los Gobiernos deformaron su funcionalidad".
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"Conjuve desafortunadamente es otra de las instituciones para hacer clientelismo político, viene de muchos gobiernos atrás; en lugar de desarrollar programas para los jóvenes es clientelismo", indicó.
El analista agregó que un buen equipo sería "suficiente" para terminar con ese pago de favores. Si continúa así, Marroquín opina que mejor se elimine y que su presupuesto se use en otras instancias.
Plataforma política
Marroquín también recordó que la institución sirve a sus directores para saltar al sector político.
Los casos más recientes son los de Julia Maldonado y Alejandra Carrillo, quienes pasaron de directoras de Conjuve a diputadas.
Maldonado enfrentó un proceso judicial acusada de haber malversado 3.2 millones de quetzales en 2009 durante su gestión, pero quedó absuelta por no haber recabado pruebas suficientes en su contra. Por su parte, Carrillo llegó al Congreso electa por el Listado Nacional del Partido Patriota (PP). Actualmente es la subjefe de bancada del Movimiento Reformador.
El caso de Édgar Chin podría ser similar en las próximas elecciones, aunque cabe recordar que él ya fue candidato a diputado.
El que era el aspirante más joven en las pasadas elecciones decidió renunciar después de que le atacaran en redes sociales por unas fotografías en las que aparecía en ropa interior. Meses después, Jimmy Morales lo nombró director de la Conjuve.
