Bernardo Arévalo no logró el respaldo del Congreso y el Estado de Calamidad pierde vigencia.
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Con el voto de 95 diputados, el Congreso de la República improbó este jueves 11 de julio el Estado de Calamidad Pública que el presidente Bernardo Arévalo decretó el pasado lunes 8. Con esto, la medida perderá su vigencia.
De esta cuenta, el Gobierno no podrá realizar compras por excepción para atender los daños generados por las lluvias en todo el país ni poner en marcha otras acciones que planteaba en el Decreto Gubernativo 2-2024.
Aunque legisladores oficialistas abogaron por la ratificación de la citada disposición y remarcaron el compromiso del Gobierno por ejecutar todas las acciones con transparencia, no lograron convencer a sus compañeros.
Incluso hablaron sobre presuntas irregularidades en las administraciones de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, en el marco de Estados de Calamidad, y aseguraron que eso no se repetiría.
Empero, bancadas opositoras consideraron que esta medida no es necesaria y criticaron la "poca capacidad de las instituciones para ejecutar el presupuesto con el que cuentan".
La improbación de la medida se estableció en el Decreto 15-2024.
¿Qué pasará con las compras?
En el marco del Estado de Calamidad, desde el miércoles 10 de julio, se publicaron en Guatecompras 14 eventos para la adquisición medicamentos, kits a utilizar en el Laboratorio Nacional de Salud y semillas de granos básicos. Hasta el momento, ningún proyecto se ha adjudicado.
Además, figuran dos concursos que no pudo adjudicar el CIV: uno para la reparación de un tramo en la autopista Palín-Escuintla y otro para la adquisición de puentes modulares.
Tras la improbación del Congreso, todo lo actuado por el Gobierno entre el 8 de julio y este día queda con validez, pero ya no podrán levantar más eventos citando la mencionada medida. Así lo norma la Ley de Orden Público.
Segundo revés
Este es el segundo Estado de Calamidad Pública que el gobierno de Arévalo decreta y no consigue ser ratificado por el Congreso.
El pasado 10 de abril, se declaró la medida para atender la emergencia que provocó una serie de incendios forestales en distintos puntos del país; sin embargo, un día después el Legislativo lo dejó sin efecto.
