El pleno el Congreso conoció un proyecto que pretende establecer protocolos de protección para menores acechados por las pandillas.
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El mismo día en que avanzó en primera lectura una iniciativa que propone reconocer como terroristas a los mareros, el Congreso envió a análisis un proyecto que busca proteger a los adolescentes que son acosados por esos grupos criminales.
Identificada con la nomenclatura 6344, la propuesta plantea crear un nuevo sistema de alerta, que se denominaría Ángel-Domingo, en honor a dos menores que habrían sido asesinados por negarse a formar parte de una pandilla.
El proyecto está inspirado en los casos de Ángel Ariel Escalante y Domingo Sicay, muertos de forma violenta en agosto de 2015 y julio de 2023, respectivamente. El primero fue lanzado desde el puente Belice y el segundo fue atacado salía del instituto donde estudiaba.
Para impedir que otros menores corran con la misma suerte, se busca crear un protocolo de seguridad y atención integral para resguardar a quienes hayan denunciado ser acechados por mareros, así como a su familia.
Para el efecto, se establecería un canal de comunicación, en el cual participarían los siguientes actores:
- Directores de centros educativos
- Ministerio de Educación (Mineduc)
- Procuraduría General de la Nación (PGN)
- Policía Nacional Civil (PNC)
- Ministerio Público (MP)
- Organismo Judicial (OJ)
Así funcionaría
Según lo propuesto, una vez un docente o director supiera que un estudiante está siendo acosado por pandilleros, tendría que notificar a la PGN, la cual tomaría las primeras acciones para resguardar a la víctima.
Esta entidad tomaría la primera acción, que podría incluir, inclusive, el cambio de domicilio del núcleo familiar. De ser el caso, el Mineduc tendría que asegurar que el niño o adolescente pudiera continuar sus estudios, por lo cual le correspondería organizar su traslado.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) estaría a cargo de brindar seguridad perimetral, tanto en el establecimiento donde se haya registrado el hecho como en el que se hiciera el traslado, entre otras medidas, las cuales tendrían que ser autorizadas por un juez.
¿Qué sigue?
Ya que la iniciativa fue conocida por el pleno, su contenido deberá ser analizado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual deberá determinar si es factible la aprobación de la ley.
Si lo considerase así, tendría que emitir el dictamen correspondiente, con lo cual el proyecto podría comenzar el proceso para su aval, ya fuera en tres lecturas o de urgencia nacional.
