La asociación civil Primero Guatemala presentó este miércoles 16 de septiembre una acción de inconstitucionaldiad contra la Comisión Presidencial Centro de Gobierno dirigida por Miguel Martínez.
De acuerdo con la acción, el Centro de Gobierno no sólo duplica funciones de varias secretarías del Ejecutivo y ministerios, sino que también "amarra de manos" a la Vicepresidencia.
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Alejandra Noriega, una de las abogadas que elaboró la inconstitucionalidad, explicó que el Centro de Gobierno limita la función del vicepresidente Guillermo Castillo, encargado de dirigir varias acciones administrativas del Ejecutivo, así como de varias secretarías.
"El Acuerdo Gubernativo con el que se creó el Centro de Gobierno otorga facultades al director de la Comisión que limitan las funciones de la Vicepresidencia, la cual tiene como mandato constitucional y legal la coordinación de varias entidades del Ejecutivo y de acciones administrativas del Gobierno", manifestó Noriega.
De acuerdo con la abogada, otro de los factores que les motivó presentar la acción, es que no se detalla la forma en que el Centro de Gobierno debe de rendir cuentas de los recursos que le son asignados.
"El problema es que no sólo duplica funciones con instituciones del Estado que ya tienen presupuestos asignados, sino que no se detalla a quién y cómo se fiscalizarán los recursos para el Centro de Gobierno, ya que hasta el momento no hemos visto ningún informe de su trabajo o de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas", manifestó.
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Denuncia a la Contraloría
La Contraloría General de Cuentas (CGC) se pronunció este miércoles por la denuncia que el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, presentó en contra del jefe de Auditoría para Atención a Denuncias, Walfred Rodríguez, el pasado 25 de agosto.
- QUE NO SE TE PASE:
Martínez asegura que hubo abuso de autoridad de parte de la CGC por sentirse amenazado debido a denuncias del ente fiscalizador por posibles malos manejos de recursos públicos.
"La CGC es una Institución objetiva, que no ejercerá acciones sin fundamento en contra de funcionarios o empleados públicos. No nos prestaremos a acciones que vayan en contra de nuestros principios y valores, y bajo ningún punto de vista permitiremos que interfieran en nuestra función", aseguró la secretaria privada de la CGC, Mónica Monge.