La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) considera que no se debe poner en riesgo la confianza del usuario en el sistema bancario.
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Luego de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) expresara la necesidad de tener acceso a las cuentas de usuarios sin orden de juez, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) manifestó que esto pondría en riesgo la confianza en el sistema.
Para Luis Fernando Samayoa, presidente de la ABG, el resguardo de información privilegiada es un derecho constitucional y los usuarios tienen garantía de esto.
"Los bancos seguimos el mandato legal que tenemos, la información de nuestros clientes es sagrada porque puede caer en manos inescrupulosas", aseveró Samayoa.
Además, el presidente aseguró que en Guatemala sí existe acceso a esa información, pero con orden de juez y se ha capacitado a fiscales del Ministerio Público de manera apropiada para que puedan investigar causas para tener acceso y la SAT tiene el derecho de petición ante el juez para esto.
La ABG cita los artículos constitucionales que rigen en este ámbito: el primero es el 30, el cual indica que todos los actos de la administración son públicos, salvo que se trate de asuntos militares, diplomáticos, de seguridad nacional o bajo garantía de confidencialidad.
Otro artículo citado por la ABG es el 134 de la misma Constitución el cual establece las obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma que exceptúa la remisión de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general por ser de carácter confidencial.
En cuanto a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, dicta que salvo las obligaciones y deberes establecidos sobre lavado de dinero u otros activos, "los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo cualquier modalidad, a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter confidencial de la identidad de los depositantes".
Eso sí, la ley anterior tiene sus excepciones, pero los datos se mantienen dentro del sistema bancario, ya que permite el intercambio para proporcionar información a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos y entre estas entidades e instituciones financieras.
Desafíos legales y éticos
Por aparte, José Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas, remarcó al respecto de que se encuentran amparados ante un principio fundamental en el derecho bancario y financiero, que garantiza la confidencialidad de la información financiera de los clientes de estas instituciones.
Córdova argumentó que el principio del secreto bancario implica que la información financiera de los clientes de los bancos "debe mantenerse confidencial y solo puede ser divulgada en circunstancias específicas, con autorización judicial" y citó para el efecto, la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la SAT.
Respecto al planteamiento de la SAT, el director de la Cámara de Finanzas calificó de esencial que cualquier cambio en la regulación del secreto bancario sea discutido ampliamente en el ámbito legal y público para considerar sus implicaciones, "sin ser una decisión unilateral de ninguna institución".
Por el momento, la SAT anunció que este será un tema que será elevado al Ministerio de Finanzas para su consideración. El superintendente Marco Livio Díaz ha remarcado que buscan tener acceso a información del mercado negro o sector informal para incrementar la recaudación fiscal.
