Se necesita en este proceso de modernización política una transición que lo haga viable. Un puente que reduzca los riesgos de ser llevados por la corriente.
No se trata de pasar página sino de que haya justicia sin venganza. No es un punto y aparte sino de arrepentimiento con castigo, confesión con contrición para así mirar a futuro a un mejor sistema.
La sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre financiamiento ilícito y la discusión sobre una antigua idea que presentó la CICIG y el MP hace más de un año, la de aceptación de cargos, son una buena oportunidad para construir ese viaducto.
Podría establecerse una necesaria proporcionalidad en el delito de financiamiento y sobre todo, CICIG y MP tendrían un mecanismo para incentivar un reconocimiento de hechos delictivos que aligerasen al OJ al tiempo que se harían más sólidos los casos penales. No sin pena (de los dos tipos), claro está.
El problema es que una clase política oportunista y cortoplacista acompañada por algunos empresarios notoriamente asustadizos pueden aprovechar la oportunidad para hacer un asalto de impunidad. Una versión 2.0 y suavizada de lo que pasó el 13 de septiembre del año pasado.
El financiamiento no reportado, ocultado a través de artimañas pese a que no sea proveniente de una actividad ilícita, no es una falta administrativa. Está mal, es delito y debería seguir siéndolo.
La reparación y penitencia no son negociables. Querer librarse con una reprimenda y una palmadita en la espalda no es justicia. Quién sea que haya actuado mal debe asumir los costos de haberlo hecho.
Pedir perdón es parte de esta transición, reconocer las culpas de manera directa y honesta, sin patalear como niños ni hablar de lo injusta que es la vida con los pobres que “solo” hicieron tal cosa o tal otra.
La voluntad de seguir adelante también debe estar implícita en todo este proceso. Es la única forma de no regodearse en los errores del pasado.
No podemos sacrificar viabilidad por aprobar reformas que pueden ser terribles a mediano plazo para el sistema. Si legalizamos el financiamiento anónimo, por ejemplo ¿qué clase de elección tendremos en 2019? Pues la misma, con los capitales malintencionados circulando por doquier y sí, impunes.
El costo de hacer una gachada güizachil es a mediano plazo mucho mayor que el costo a corto plazo de hacerlo bien. Si se hace mal, los ánimos se caldearían y el reclamo de venganza tendría más eco. No le iría muy bien a quien se viera asociado a un atentado proimpunidad en estos delicados tiempos.
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