La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó un amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por haber rechazado 'in limine' la solicitud de antejuicio contra la exprimera Dama y candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
En su alegato, la CICIG reveló que el caso contra Torres estuvo listo desde el 11 de octubre del año pasado, es decir, cuatro meses antes de que la candidata de la UNE ganara el derecho de antejuicio.
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En el amparo explican que lo único que faltaba para aprehender a Torres, era el visto bueno de la fiscal General, Consuelo Porras. Pero ella optó por presentarlo cuando ya la exprimera Dama gozaba del derecho de antejuicio.
Para la CICIG, la CSJ emitió una resolución extralimitada y "establece una especie de prejudicialidad electoral atribuyéndole al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la función de decidir cuándo se debe de ejercer la acción penal".
La solicitud de retirar el antejuicio a Torres fue presentado por la Fiscalía contra la Impunidad (FECI), pero esta fue rechazada por la CSJ. Por lo que ahora la CICIG se unió para solicitar que le retiren el derecho que le permite no ser investigada.
Para la CICIG la CSJ "se equivoca cuando señala que la demanda de antejuicio tiene motivaciones 'espurias'... En este documento no hay nada a lo que se pueda acuñar el adjetivo de falso...".
La acusación
A la candidata de la UNE se le pretende investigar por un caso de financiamiento electoral ilícito, durante la campaña electoral de 2015.
Según la investigación, la UNE no reportó al TSE un financiamiento electoral de 19.5 millones de quetzales. Recursos que se lograron identificar durante la investigación del caso denominado Traficantes de Influencias.
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De acuerdo con el caso presentado en conjunto entre la FECI y la CICIG, tres empresas concentraron los aportes a la UNE, las cuales después fueron beneficiadas a través de contratos del Estado y con la compra de publicidad.
A pesar de las evidencias presentadas, la CSJ tomó la decisión, con votos divididos, de rechazar los argumentos y aseguró que éstos carecían de "elementos de prueba y racionalidad suficientes".
Hace pocas semanas se reveló un audio en el que se escucha a Torres y al exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, sosteniendo una conversación telefónica en la que habla de tener un financiamiento no registrado por 40 millones de quetzales que servirían para la campaña política.
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